El Gobierno ha anunciado este miércoles a los sindicatos y a los empresarios su intención de subir el salario mínimo interprofesional en 2026 un 3,1%, hasta llegar a los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 euros al año). Esta renta se encuentra fijada en estos momentos en 1.184 euros mensuales, por lo que este aumento supondrá 37 euros más al mes y sus beneficiarios continuarán sin tributar en el IRPF, de acuerdo con lo confirmado por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Los interlocutores sociales tendrán que comunicar en los próximos días si están a favor o no esta revalorización. De momento los sindicatos CCOO y UGT van a dar un sí a lo presentado este lunes, pero, además, después de esta reunión se ha abierto la posibilidad inesperada de que los empresarios también reaccionen favorablemente al incremento del 3,1%, frente al 1,5% que propusieron en un principio, según lo que esepra el propio Pérez Rey.
El motivo de este cambio en las patronales está en el compromiso de Trabajo de negociar con el resto del Gobierno (ministerios de Hacienda y Economía en especial) la "relajación de las reglas de desindexación del SMI en los contratos públicos", ha asegurado el secretario de Estado. Esta promesa viene por una vieja reivindicación de sindicatos y patronales, que la demandan cada ejercicio desde hace años, para poder trasladar las subidas anuales de los salarios mínimos a los costes salariales que se incluyen en los contratos públicos que tienen las empresas con las administraciones. Eso lleva a que las compañías adjudicatarias de contratos públicos puedan recibir más por ellos con motivo de que la retribución de los trabajadores se les encarece.
Discrepancias en el Gobierno
Pese a esa primera aproximación, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto dudas, apenas dos horas después de finalizar la reunión del diálogo social, sobre la posibilidad de que se aplique dicha desindexación al reconocer que "hay una discrepancia con el Partido Socialista", que hasta el momento no quiere aceptar esta medida.
En cualquier caso, Díaz ha reconocido que, con el respaldo de la patronal o sin él, la subida va a ser aprobada en breve por el Consejo de Ministros y va a tener efectos retroactivos en todas las nóminas de los cerca de 2,5 millones de perceptores de esta renta desde el 1 de enero pasado.
De esta manera, el Ejecutivo va a optar por la banda baja de incremento de esta renta propuesta por el comité de expertos que llegó a plantear un incremento del 3,1% si el salario mínimo continuaba sin tributar en el IRPF, o un 4,7%, hasta 1.240 euros mensuales (17.360 euros anuales), si sus preceptores empezaban a tributar a Hacienda por esa renta. Con esta propuesta, Pérez Rey se compromete a que "los beneficiarios de esta renta no paguen impuestos", en contra de lo que quería insistentemente el Ministerio de Hacienda.
El compromiso de Trabajo es que el cobro neto de esta renta se quedara en 17.094 euros al año, para lo que Hacienda tendrá que adoptar, en los casos necesarios, las correspondientes deducciones que mantengan sin tributar a los perceptores en la campaña de la Renta de 2026. "La propuesta de Trabajo es consensuada con Hacienda; es una propuesta del Gobierno el dejar exento de tributación la cuantía resultante [1.221 euros mensuales]. Y el cómo llevar a cabo esa desgravación, exención o figura tributaria oportuna es algo que dejamos al Ministerio de Hacienda, pero lo más normal es que se siga planteando en los mismos términos que en años anteriores", ha afirmado Pérez Rey.
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