Un juez federal ha intervenido este pasado martes para bloquear la deportación de Estados Unidos de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, y de su padre, Adrian Alexander Conejo Arias.
Ambos fueron detenidos la semana pasada en Minnesota por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero la justicia ha determinado que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.
Redadas antiinmigración
La detención de Liam, junto a la de otros 3 menores, ha intensificado la ola de protestas en Minnesota contra las redadas antiinmigración de la administración de Donald Trump.
Este caso se suma a la crispación social tras las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti. La fotografía de Liam, vestido con un gorro azul y su mochila del colegio mientras era rodeado por agentes federales, se ha erigido como el símbolo de la actual política migratoria.
El menor fue separado de su familia en la entrada de su hogar, situado en un suburbio de Mineápolis, tras la detención de su padre. Actualmente, ambos permanecen recluidos en un centro de detención en San Antonio, Texas.
Disputa legal
El Departamento de Seguridad Interior, bajo la dirección de Kristi Noem, ha justificado la actuación alegando que el padre es un inmigrante indocumentado ecuatoriano. Según la versión oficial, los agentes se llevaron al menor porque el propio Adrian Alexander Conejo Arias manifestó su deseo de que el niño permaneciera con él.
No obstante, el abogado de la familia sostiene que la detención es ilegal. Defiende que Conejo no ha cometido delito alguno y que ha cumplido escrupulosamente con todos los protocolos para solicitar asilo legal en Estados Unidos, lo que incluye haberse presentado a todas las audiencias judiciales programadas.
Minnesota continúa siendo la "zona cero" del conflicto migratorio. Ante esta situación, Trump ha anunciado una "pequeña desescalada" y ha relevado a Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, situando al frente a Tom Homan. Cabe precisar que el ICE actúa como la rama ejecutiva encargada de identificar amenazas y ejecutar detenciones o deportaciones dentro del país, a diferencia de las cortes de migración, que representan la parte judicial del proceso.
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