La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso decisivo en la investigación sobre el espionaje corporativo vinculado al BBVA.
Según el escrito de acusación firmado por la fiscal Elisa Lamela el 12 de marzo, el Ministerio Público solicita una pena de 173 años de cárcel para el ex presidente de la entidad, Francisco González.
Le acusa de delitos de cohecho activo y revelación de secretos. Sostiene que González impulsó la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al ex comisario José Manuel Villarejo, para espiar de forma sistemática a miembros de la clase política, el empresariado y el periodismo.
En concreto, a González se le atribuye un delito continuado de cohecho y 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
La investigación apunta a que la cúpula del banco utilizó los servicios de inteligencia irregulares de Villarejo para obtener información confidencial de terceros, una trama que ahora llega a la fase de acusación formal tras años de instrucción judicial en la Audiencia Nacional.
Peticiones récord para Villarejo y Corrochano
El escrito de la Fiscalía no solo señala a la presidencia, sino que reclama las penas más elevadas para los principales operativos de la trama de espionaje. Para el ex comisario Villarejo, la solicitud de prisión asciende a 216 años. Sin embargo, la pena más alta recae sobre Julio Corrochano, quien fuera jefe de Seguridad del banco y enlace principal con el comisario jubilado. Para Corrochano, Anticorrupción pide 243 años de cárcel por su papel determinante en la gestión de estos servicios de inteligencia ilegales.
La fiscal Lamela considera acreditado que el banco funcionó como una estructura de obtención de datos protegidos a gran escala, utilizando métodos propios de una organización criminal para proteger los intereses de su entonces presidente frente a intentos de asalto al control de la entidad.
Multas millonarias para la entidad bancaria
La responsabilidad penal en este caso también alcanza al BBVA como persona jurídica. Anticorrupción solicita que se impongan al banco multas que, en su conjunto, suman 184,3 millones de euros por los delitos cometidos bajo su estructura orgánica. Esta petición supone un golpe reputacional y financiero de primer orden para la entidad, que ha intentado durante la instrucción desvincularse de las actuaciones individuales de sus antiguos directivos.
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