La Fiscalía Europea entra de lleno en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) al abrir una investigación formal sobre el uso de los fondos europeos en el mantenimiento de la vía.
Según ha adelantado el diario 'El Mundo', el organismo busca determinar si existió una malversación de los más de 100 millones de euros en fondos FEDER que debían emplearse en la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Uso fraudulento de fondos públicos
Tras una fase inicial de verificación, los fiscales europeos han hallado indicios de que se pudo realizar un uso fraudulento de estas ayudas en el tramo donde, el 18 de enero, el choque entre un tren 'Iryo' y un 'Alvia' segó la vida de 46 personas.
La investigación se centra en la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y defraudación de subvenciones europeas, asignando el caso a 2 de los 7 fiscales que integran la delegación en España.
La soldadura defectuosa en el punto de mira
La principal hipótesis que manejan los investigadores europeos coincide con la línea de las pesquisas judiciales en España: un grave defecto en la infraestructura. En concreto, se analiza una soldadura defectuosa entre una vía instalada en 1989 y una nueva de 2023. Este fallo estructural habría provocado el descarrilamiento del 'Iryo' y el posterior impacto, desencadenando la mayor crisis de la historia de la alta velocidad en nuestro país.
Para llegar a esta fase de instrucción formal, la Fiscalía Europea ha recabado documentación crítica de la juez de Montoro, del gestor de infraestructuras Adif y de la Dirección General de Fondos Europeos. El último informe de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) revela que el siniestro se produjo en apenas 14 segundos, un tiempo ínfimo que subraya la violencia del impacto derivado, presuntamente, del mal estado de la vía que debió ser renovada con las partidas millonarias de la UE.
Asignación de un juez de garantías en la Audiencia Nacional
Al tratarse de una investigación dirigida por la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional ha designado ya un "juez de garantías" para velar por el procedimiento. Esta función ha recaído en el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4.
Calama será el encargado de autorizar medidas restrictivas de derechos fundamentales, proteger a testigos y peritos, y ratificar cualquier medida cautelar urgente que soliciten los fiscales comunitarios.
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