La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá el decreto del Gobierno para la regularización masiva de inmigrantes.
La jefa del Ejecutivo autonómico considera que esta medida afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos en la región al no articular mecanismos de financiación ni provisión de medios.
Además, Ayuso sostiene que la medida contraviene la normativa de la Unión Europea y pone en riesgo la seguridad nacional al permitir la regularización sin un control exhaustivo de los solicitantes.
Denuncia "regularizar sin control"
Durante su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta se mostró tajante en su oposición a la estrategia de Pedro Sánchez. "Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales", afirmó la dirigente madrileña.
Además, añadió: "Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos".
Ayuso defendió que su gabinete intentará frenar lo que calificó como un "disparate" y acusó al Ejecutivo central de promover la inmigración irregular para "multiplicar el desorden" y fomentar el "reparto ilegal de menores".
Así será la regularización
El plan diseñado por España prevé que aproximadamente medio millón de personas sin papeles puedan regularizarse durante este mes de abril.
El dispositivo administrativo estima recibir hasta 750.000 solicitudes, aunque el Ministerio prevé desestimar más del 30% de las mismas.
El Decreto establece 2 vías principales para acceder a la legalidad: la primera está destinada a 300.000 personas que ya habían solicitado protección internacional; la segunda se abre para extranjeros que acrediten tan solo 5 meses de permanencia continuada en el país.
Esta segunda vía supone una flexibilización considerable respecto a la normativa anterior, que exigía 2 años de estancia. Los solicitantes deben haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, y la medida alcanza también a los familiares que convivan con el trabajador.
Una vez admitida la solicitud a trámite, el interesado podrá trabajar legalmente tras el abono de una tasa de 38,28 euros. El Gobierno prevé que la aprobación definitiva de este decreto se produzca este mismo mes, señalando el día 21 como la fecha más probable para su entrada en vigor.
Expedientes y tramitación
El sistema de tramitación será mayoritariamente telemático, una modalidad que ya utilizan el 90% de los usuarios. No obstante, se mantiene la vía presencial mediante cita previa en oficinas de Extranjería, Correos o la Seguridad Social.
El nuevo decreto incluye una "pasarela de tramitación preferente" para absorber los 180.000 expedientes que permanecen pendientes desde finales de 2024. Madrid, Barcelona y Valencia serán las ciudades que concentren el mayor volumen de trabajo administrativo debido a la alta densidad de población inmigrante en estas provincias.
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