La Agencia Tributaria ha presentado un informe en la Audiencia Nacional que cifra en algo más de 2,4 millones de euros la cuota defraudada por el comisionista Víctor de Aldama con los beneficios que obtuvo por intermediar en la venta de 53 millones de euros en mascarillas a administraciones públicas en la fase más dura de la pandemia. Abre la vía a imputarle también por delito fiscal.
En un informe aportado ante la AN y en pleno juicio al propio Aldama en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas', Hacienda señala también a la empresa proveedora, Soluciones de Gestión. Su cuota defraudada asciende según sus cálculos a 200.000 euros y la responsabilidad la sitúan en Juan Carlos Cueto, el empresario que controlaba el negocio en la sombra. Él, de hecho, declara en el Supremo esta tarde como testigo.
El análisis, al que tuvo acceso la 'Cadena SER', refiere que Aldama "interpuso 2 entidades para canalizar los rendimientos obtenidos como consecuencia de su actividad de intermediación en la compra" del material sanitario, unos servicios que "se consideran de carácter personalísimo".
"La principal motivación fue el importante beneficio que iba a generar la ejecución de dichos contratos, tanto en la persona de Víctor de Aldama como en la persona de Juan Carlos Cueto", señala.
Para la Agencia Tributaria, se produjo una "simulación en el ámbito tributario" al imputar Aldama a sus sociedades ese trabajo que era personal, sobre todo atendiendo a que ninguna de las dos tenía estructura para prestar los servicios que contrató Soluciones de Gestión por importe total de 5,5 millones de euros.
Se produjo así, una "facturación artificial a través de las sociedades" para "desviar las rentas de manera artificial" y "reducir la tributación que le correspondería en el IRPF" y al final, Aldama "dispuso del dinero percibido" por ambas empresas "para enriquecimiento personal y familiar".
El informe dice que en total, "la cuota presuntamente defraudada por Víctor de Aldama asciende a 2.410.748,95 euros", aunque la cuota que le es "exigible" es de 1.624.308,20 euros, dado que se deducen las cantidades ingresadas por el Impuesto de Sociedades de 2020 de esas 2 empresas, Deluxe Fortune y MTM 180 Capital.
En cuanto a Soluciones de Gestión, la Agencia Tributaria aprecia igualmente "la existencia de indicios de responsabilidad penal por un posible delito contra la Hacienda Pública" al haber "minorado la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, las cuales se consideran no ajustadas a la realidad de la empresa, al cuestionarse la operación que las originó".
En este sentido, señala que Soluciones de Gestión ya era "conocedora" en 2020 del beneficio que le reportarían los contratos de mascarillas y sin embargo, su declaración generó una base imponible negativa de 800.000 euros por cuenta de un crédito con garantía frente a otra sociedad, cosa que Hacienda cuestiona.
"Esta base imponible negativa se compensó de manera falaz en el en el ejercicio 2020 para reducir la carga impositiva derivada de los importantes beneficios obtenidos en el negocio de las mascarillas", dice el informe, para subrayar que "el principal interesado en esta minoración de la base imponible es el propio Juan Carlos Cueto".
El empresario es el titular del Grupo Cueto y no aparece al frente de Soluciones de Gestión, pero la instrucción ha constatado ya que fueron 3 de sus empresas las que hicieron posible el "negocio de las mascarillas" y sin ellas, "no se hubiera podido llevar a cabo".
Según los investigadores, tanto Aldama como Cueto tuvieron supuestamente un "papel relevante" en este negocio de las mascarillas, de tal forma que el primero de ellos fue "esencial" por sus "contactos" con el sector público y el segundo "facilitó y ejerció gran parte de la dirección del negocio". Una alianza que se tradujo en una batería de contratos suscritos en su mayoría en julio de 2020.
Prosigue el juicio
Este jueves, la vista se ha centrado en examinar los pagos del PSOE, con comparecencias como las del ex gerente del partido Mariano Moreno y y de un antiguo director de gabinete de la ex vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.
Este segundo testigo, Carlos Moreno, ha negado tajantemente que Aldama le hubiera pagado 25.000 euros en un sobre como este había indicado en la instrucción y ha tachado de "rotundamente falsas" las "acusaciones" del empresario.
Moreno también ha explicado que se dirigió a él por el aplazamiento de una deuda tributaria, pero que lo único que hizo fue derivar la petición al departamento correspondiente, que sería Hacienda.
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