Ecologistas en Acción solicitará este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la paralización cautelar de las obras del desdoblamiento de la M-501, conocida como la carretera de los pantanos, después de que la Justicia haya declarado la nulidad de los acuerdos que permitieron la puesta en marcha del proyecto sin el estudio medioambiental necesario.
Así lo adelantó este viernes la coordinadora de Ecologistas en Acción de Madrid, María Ángeles Nieto, tras conocer la sentencia del TSJM que revoca los acuerdos, de 21 de julio de 2005 y 25 de octubre de 2005, por los que se aprobó "el proyecto" y se "sometía a información pública la relación de bienes y derechos".
La nulidad acordada por el Tribunal Superior de Justicia se fundamenta en la inexistencia de consulta previa a la Comisión Europea, en la falta de informes de la Concejalía de Medio Ambiente y por no concurrir razones de interés público.
Tras celebrar el pronunciamiento del TSJM, la portavoz de Ecologistas aseguró que de la resolución se desprende que existen "responsabilidades penales contra las personas que aprobaron el proyecto" de duplicación de la carretera de los pantanos, en alusión al ex consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Mariano Zabía y la entonces consejera de Transportes e Infraestructuras María Dolores de Cospedal.
Nieto subrayó que la responsabilidad penal se extendería al actual titular de Transportes, Manuel Lamela, y a la consejera de Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga, si no se paralizan las obras hasta que el proyecto cuente con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, tal y como exige la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.
El PSOE considera un "revolcón" el fallo
El portavoz de Medio Ambiente del PSOE en la Asamblea, José Quintana, afirmó este viernes que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un "revolcón" al Gobierno regional con la sentencia que anula el proyecto de la M-501, conocida como carretera de los pantanos, sin la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) previa para al desarrollo de las obras.
"El TSJM ha dado un revolcón a la decisión del Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre, porque no se puede hacer lo que a uno le da la gana", indicó Quintana.
El portavoz socialista señaló que "el PP es propenso a dar una patada a la legislación ambiental" y aseguró que "se han saltado los procesos de evaluación pública por intereses ajenos". Así, indicó que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "tenía muchas prisas" en desarrollar el proyecto "por compromisos con alcaldes populares de municipios de la zona que veían la posibilidad de edificar muchas viviendas".
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