Un centenar de aborígenes de diferentes tribus panameñas llegaron a la ciudad capital este martes para protestar contra los proyectos de electrificación hidráulica, la explotación minera y el desarrollo del turismo residencial. Según los indígenas sus tierras son invadidas por inversionistas, sin consultar a las comunidades que viven en ellas y que sufren secularmente el desalojo, la degradación del ambiente y la extracción de sus recursos. Para un aborigen la selva es su supermercado y su farmacia, y los proyectos destruyen paulatinamente toda la vegetación, contaminando además las fuentes de agua y el aire.
En la protesta las etnias ngöbe y buglé llegaron hasta el portón de la presidencia, después de reunirse en los predios del palacio legislativo, y protestaron contra los proyectos hidroeléctricos de los ríos Tabasará y Changuinola, pero también mencionaron varios proyectos en otros puntos del país, principalmente los mineros y los de turismo residencial.
Desde el descubrimiento de América los aborígenes padecen serios desplazamientos de las mejores tierras, primero durante la conquista, después en la época colonial, y más recientemente en el desarrollo agroganadero, empujándolos hacia las tierras altas y selváticas, donde ahora son dueños de aproximadamente un 6% del territorio nacional tras haber alcanzado acuerdos con diferentes gobiernos, que finalmente crearon las comarcas. Esas posesiones, igual que ocurrió con las sabanas donde vivían hace algunos siglos, adquieren valor inmobiliario con el desarrollo del turismo, la electrificación hidráulica y la minería. Pero los aborígenes nunca prosperaron al ritmo de la sociedad latina, porque sus oportunidades de educación han sido prácticamente nulas, y no tienen capacidad de inversión ni administración de potenciales proyectos.
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