PSOE pedirá a la región que rectifique el precio de la VPO

Asimismo, propondrá al pleno que inste a la Comunidad a que retire esta Orden y que abra un periodo de consultas y negociación con los Ayuntamientos afectados y la Federación de Municipios de Madrid.

Igualmente, la iniciativa socialista contempla que el pleno inste al Gobierno regional para que no lleve a efecto la modificación de los ámbitos territoriales de referencia para la fijación de precios máximos, solicitada ante el Ministerio de la Vivienda, hasta que no se alcance un acuerdo con los ayuntamientos afectados.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, David Lucas, ha recordado que este “desmesurado incremento de los precios en las viviendas protegidas va a afectar a 50.000 familias madrileñas que se verán perjudicadas por este incremento”. El portavoz socialista ha destacado algunos desarrollos de vivienda protegida que se verán afectados por estos incrementos, como el PAU de Vallecas, Los Ahijones, Berrocales, El Cañaveral o Valdecarros.

Lucas ha hecho un especial hincapié en las consecuencias que va a tener esta subida en las viviendas protegidas de alquiler, ya que su precio se verá incrementado 200 euros al mes, “de modo que de un plumazo el PP se carga las políticas de alquiler y anula el efecto de la renta básica de emancipación del Gobierno central. ¿De qué manera? Unificando en un solo precio los de la vivienda de alquiler con el de venta, lo que provoca que se disparen hasta un 64,3 por ciento en la ciudad”.

“No entendemos esta política, máxime cuando estamos en desaceleración económica. Creemos que se debería posibilitar una reducción de precios para un mejor acceso a la vivienda protegida”, ha indicado el portavoz socialista, quien ha puesto el ejemplo de que una vivienda de protección en propiedad de 80 metros cuadrados en los desarrollos antes mencionados pasaría de 148.000 euros a 195.000. O el caso de una vivienda de protección de 55 metros cuadrados, con garaje y trastero, en arrendamiento, que pasaría de 405 euros al mes a una renta de 665 euros,  “lo que nos parece una desproporción alarmante”.