El presunto agresor de Las Rozas tenía una orden de expulsión desde mayo de 2007
lunes 30 de junio de 2008, 14:37h
El presunto autor de la muerte de Gabriela Toledo Camacho, la mujer boliviana asesinada este sábado en Las Rozas, tenía una orden de expulsión de España desde mayo de 2007 que sustituía a una pena de siete meses de prisión como autor de un delito de lesiones contra la víctima.
La víctima presentó el 23 de agosto de 2006 una denuncia por malos tratos y lesiones contra su ex pareja, René A. R., ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 7 de Majadahonda. Dicho juzgado decretó una orden de protección a favor de la mujer y una orden de alejamiento del agresor y el caso pasó al Juzgado de lo Penal de Madrid número 26.
En el juicio celebrado cuatro meses después se condenó al agresor a una pena de siete meses de prisión como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar y se le prohibió comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante dos años. Esta pena se sustituyó, por imperativo legal, por la expulsión de España del agresor, con prohibición de regresar a este país en diez años. La Audiencia Provincial de Madrid recibió una apelación en julio de 2007 y confirmó la sentencia, que es firme desde el 21 de febrero de 2008.
El Juzgado de lo Penal número 26 recibió esta confirmación el pasado mes de mayo, y el día 12 de ese mes trasladó el expediente al Juzgado de lo Penal número 2, donde permanece a la espera de ser incoado. La Guardia Civil de Las Rozas ha recordado que la víctima interpuso dos denuncias el pasado fin de semana contra su ex pareja, una el viernes y otra el mismo sábado. En ellas explicó que su ex pareja la amenazaba y no cumplía la orden de alejamiento, aunque explicó que en ocasiones ella consentía los encuentros.
Las Rozas condena el asesinato
Numerosos roceños, políticos de los distintos grupos municipales, así como representantes de colectivos de mujeres y asociaciones vecinales en general, se han concentrado este lunes a las 12.00 horas a las puertas del Ayuntamiento de Las Rozas para condenar públicamente el brutal asesinato de Gabriela Toledo, boliviana, vecina de Las Rozas, presuntamente víctima de su ex pareja. Se trata del quinto asesinato por violencia machista en la Comunidad de Madrid en lo que va de año.
El alcalde, Bonifacio de Santiago, a quien acompañaban concejales de los tres grupos políticos, ha leído un manifiesto de condena en el que ha lamentado que en un municipio tolerante como Las Rozas, y en el que conviven en respeto y paz social inmigrantes de tan diversos lugares, sucedan desgracias como ésta.
"Por eso -dijo- manifestamos nuestra condena y repulsa más absoluta ante todos los casos de violencia de género, incomprensibles e intolerables siempre y especialmente en una sociedad libre, democrática y que se pretende avanzada".
A la lectura del manifiesto y a los cinco minutos de silencio posteriores asistió la madre de Gabriela Toledo, quien no pudo contener las lágrimas. El alcalde acudió a saludarla, en compañía de los concejales de Atención Social e Integración y Menor y Familia, y ofreció los servicios sociales del municipio para cuanto precisara la familia.
La madre de la fallecida, Palmira Camacho, recalcó tras la conclusión del acto que el agresor "no le dejaba ni en el trabajo", por lo que Gabriela se sentía acosada y afirmó que "no le dejaba tranquila". Palmira explicó que le decía a su hija que no quería que estuviese "con ese chico", ya que no le gustaba para ella porque era "un hombre diferente".
La madre de la joven boliviana no puedo esperar al final del acto y tuvo que ser traslada en una ambulancia del SAMER, mientras que la prima de la fallecida, Sulma Celestina permaneció en el acto de homenaje y repulsa contra el asesinato.
Finalmente, Sulma aclaró que su prima y el agresor mantenían una relación sentimental, de novios, y que aunque eran constantes "las peleas", al final "se arreglaban". Sin embargo, indicó que la semana pasada "él cambio" y, en ese momento, su prima quiso romper la relación.
La joven asesinada será repatriada a su país la próxima semana, una vez que finalicen las labores de investigación del homicidio, según fuentes del Consulado Boliviano en la capital. La autopsia realizada a la víctima ha sido terminada este lunes por El Instituto Anatómico Forense, que ha puesto el cuerpo a disposición del familia. El padre del niño también reside en España, así como la mayoría de sus allegados, pero la familia decidió ayer proceder a su repatriación. El Consulado se hará cargo de los costes del viaje en avión del cadáver.
En estos momentos la Concejalía de Menor y Familia está volcando sus esfuerzos mayores en orden a atender al niño, a quien se le está protegiendo de cualquier exposición pública y a quien los servicios psicológicos atenderán especialmente. Se está buscando al padre biológico para poder iniciar un programa efectivo de ayuda.
Minutos de silencio en la Asamblea
La Asamblea de Madrid mostró su repulsa por este asesinato con una concentración silenciosa también este lunes a las puertas de la Cámara, donde se insistió en que las víctimas de la violencia de género deben seguir denunciando para acabar con esta lacra.
La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, declaró a los periodistas que no encuentra ninguna referencia en los medios de comunicación al número de víctimas asesinadas a manos de sus parejas o ex compañeros sentimentales en la región. "Hemos perdido la cuenta y esa es la peor noticia que se podía dar", afirmó. Rodríguez se comprometió a impulsar desde su cometido "todo lo que se pueda hacer para seguir dando protección a estas mujeres".
Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, instó a hacer uso del servicio de atención a la mujer 012, que despliega una infraestructura de 23 centros de atención especializada, con servicio de emergencias y pisos tutelados, para asistir a las víctimas "desde el primer momento y que no se vean condenadas a seguir soportando situaciones de violencia".
La portavoz de IU, Inés Sabanés, instó a las mujeres a seguir denunciando los casos de violencia de género así como a "mejorar todos los recursos existentes, empezando por la Justicia para acabar por la Policía y las instituciones y administraciones, porque todas las víctimas exigen respuestas claras y contundentes".