El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena toma declaración este viernes a Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira, investigados en la causa abierta por el referéndum soberanista del 1-O. El magistrado les comunicará el auto de procesamiento, lo que podría suponer la anulación de la
candidatura de Turull para este sábado, que podría ser enviado a prisión provisional. Además, se enfrenta al riesgo de ser inhabilitado. Forcadell, Rovira y Bassa, en previsión de malas noticias, ya anunciaron ayer su renuncia a los escaños en el Parlament.
El Supremo comunicará este viernes a 6 investigados por el 'procés' soberanista catalán el auto de procesamiento a las 10:30 horas. A esa hora, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira están citados para declarar "a fin de practicar la comparecencia prevista en el articulo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Si el juez Llarena dicta orden de prisión para Turull, éste quedaría inhabilitado inmediatamente para el desempeño de un cargo público, de forma que su segundo intento de investidura quedaría suspendida de cara al sábado.
Turull ha sido la tercera opción que brotó de las negociaciones entre el bloque independentista, y aunque la CUP se abstuvo ayer en la primera votación de investidura, podría ganar con mayoría simple. Para eso necesita que Carles Puigdemont y Toni Comín, fugados en Bruselas, renuncian a sus actas, y sus votos queden en manos de otros integrantes de la lista. De esta forma, Turull podría ser investido en segunda votación por mayoría simple.
Turull malversó 1,4 millones en el referéndum
Los investigadores de la Guardia Civil que examinan los gastos que la Generalitat llevó a cabo para poner en marcha el referéndum del 1 de octubre cifran en 1,6 millones el dinero público malversado.
En el informe remitido al juez Llarena se atribuye a Turull, entonces consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, responsabilidad en la malversación de 1,4 millones, destinados a financiar la consulta ilegalizada.
En la prensa, el diario 'El País' señala que en su informe definitivo enviado al juez, la Guardia Civil establece las responsabilidades individuales que observa en cada uno de los actores del procés.
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