La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelve a ver una causa judicial abierta contra ella que se archiva finalmente.
El titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona la archiva al no encontrar indicios de delito en la concesión de subvenciones a entidades afines desde el Ayuntamiento de Barcelona.
La causa se abrió por la querella presentada por la 'Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática'. Pero hace unos días la Fiscalía ya avisó que no veía indicios de delito.
El magistrado archiva ahora la investigación al entender también que no hay indicios de delito en la actuación de Colau. Explica que delegó sus funciones de concesión de subvenciones a terceras personas, y que no consta que diera instrucción alguna sobre ellas.
El juez destaca en el auto, al que ha tenido acceso RTVE, que "no se aprecia" que Colau incurriera en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias.
Pasado de esta causa
Dicha asociación denunció a la alcaldesa por conceder subvenciones municipales a agrupaciones afines entre 2016 y 2019. Pero la Fiscalía Anticorrupción no vio indicios de delito y pidió al juez encargado del caso que archivase la causa.
Anticorrupción exponía en su escrito que consideraba que la acusación "no deja de ser un ejercicio de imaginación" y que no tenía base alguna. Recordaba también que en julio de 2021 ya se archivó otra causa contra la alcaldesa catalana por unos hechos muy similares, un "99% idénticos", han señalado.
Las entidades afines a la alcaldesa que se beneficiaron de subvenciones y por las que se motivaron las querellas son el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Ingenieros sin Fronteras.
La Fiscalía defiende que todas ellas "se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades" por un procedimiento "utilizado con habitual frecuencia por el consistorio", por lo que "excluye la arbitrariedad" en el proceso.
Insiste en que carece de sentido "vincular el pasado activista" de Colau en esta causa y que no existe ninguna base que argumente la comisión del delito. Además, puntualizaba la Fiscalía que de ser así tendría lugar una "injusta preterición de las entidades afectadas como candidatas a percibir una subvención, en atención al nuevo estatus político de una de sus miembros".
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