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Amnistía denuncia el 'carpetazo' a las investigaciones sobre las muertes en residencias durante la pandemia

Militares de la UME en residencias de mayores
Militares de la UME en residencias de mayores (Foto: Defensa)
lunes 31 de enero de 2022, 18:15h

"La deficiente investigación sobre lo sucedido extiende la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad a las familias". Es la conclusión de Amnistía Internacional sobre las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia. La organización arremete contra el Ministerio Fiscal, pero también contra el Gobierno y las comunidades autónomas, y censura que el 89% de las investigaciones penales han sido archivadas.

Cuando se cumplen dos años desde que se detectó el primer caso de coronavirus en España, Amnistía recuerda a las 35.670 personas mayores que han fallecido en residencias, y ha constatado las dificultades para conocer la verdad sobre lo ocurrido en estos centros durante la pandemia.

La organización concluye que "las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Amnistía lamenta que no se está garantizando la verdad para las víctimas, se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro.

Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales. Amnistía Internacional considera que la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias.

El Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: "no lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia".

La organización pide al Ministerio Fiscal que lleve a cabo investigaciones proactivas sobre todos los fallecimientos de personas a las que no se aseguró adecuada asistencia sanitaria, abarcando todos los factores que han intervenido en las muertes en residencias, escuchando a las víctimas y teniendo en cuenta todas las fuentes pertinentes para esclarecer los hechos. "La investigación debe esclarecer cómo los protocolos institucionales fueron determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores en residencias".



Falta investigar adecuadamente los protocolos

Amnistía sostiene que la aplicación de los protocolos de no derivación a hospitales no se ha investigado adecuadamente, y el Ministerio Fiscal ha concluido que no fueron un impedimento para el traslado hospitalario de residentes enfermos.

La organización considera que estos protocolos son responsables directos de la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria, al menos en Madrid y Cataluña, de miles de personas en los momentos más duros de la pandemia, y que a la hora de decidir sobre el traslado hospitalario de personas mayores que vivían en residencias no se aseguró una valoración individual basada en el mejor pronóstico, sino que se utilizaron criterios que dificultaron enormemente dichos traslados en situaciones en que la pronta y adecuada atención de los y las residentes enfermos podía ser vital.

Los criterios, además de la fragilidad, incluyeron factores como la edad o el deterioro cognitivo, no relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio.

"El Ministerio Fiscal tampoco ha tenido en cuenta en sus investigaciones las afirmaciones de responsables de residencias o políticos que reconocen que los protocolos impidieron la derivación a los hospitales de las personas mayores de residencias durante la primera ola de la pandemia, sin que al mismo tiempo se les prestara asistencia sanitaria adecuada en las residencias".

De acuerdo con las informaciones que Amnistía Internacional ha podido confirmar por representantes del Ministerio Fiscal o fuentes documentales de las investigaciones, entre Madrid y Barcelona se habrían archivado diligencias de investigación de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información.

"Ni Gobierno ni comunidades quieren investigar"


A pesar de la gravedad de lo sucedido en las residencias, se han ido cerrando en España las pocas comisiones de investigación abiertas en algunos parlamentos autonómicos. Estas sólo han desarrollado, en el mejor de los casos, investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos. La única comisión de investigación que estaba actualmente en marcha, en Castilla y León, también ha sido cerrada recientemente debido a que se ha anunciado la disolución de las cortes y elecciones anticipadas. En Cataluña se ha rechazado la creación de una comisión y se ha propuesto un grupo de expertos en su lugar. En el caso de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de elecciones también supuso el cierre de la Comisión y en la nueva legislatura no se aprobó su creación, a pesar de que la anterior Comisión no había completado el trabajo previsto.

"A nivel estatal, el Congreso de los Diputados no ha puesto en marcha ninguna comisión de investigación sobre lo sucedido, y a nivel autonómico los intentos han sido en su mayoría inútiles y obstaculizados por los partidos gobernantes, sin importar el signo político. Las autoridades no pueden excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones. Por eso pedimos la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder algo similar", reclama Amnistía.

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