La ONU reclama a España protección para los derechos a la salud y a la vivienda frente a las "medidas de austeridad"

Las cuentas públicas del Gobierno de Rajoy destinan 196.782 millones de euros a gasto social, casi un 56% del total. Su principal partida, incrementada en 5.188 millones de euros es la destinada a pensiones. El gasto en sanidad se incrementa un 3,9%, ascendiendo a 4.251 millones de euros, mientras que la comunidad sanitaria reclama una inversión del 7% del PIB. En cuanto a las políticas de vivienda, el Ejecutivo ha aumentado esta partida en un 1,3%, con una dotación de 473 millones para 2018.

Amnistía Internacional ha tenido acceso a las recomendaciones públicas del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) sobre el grado de cumplimiento de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "un instrumento internacional ratificado por España hace 41 años". La responsable del trabajo sobre estos derechos en Amnistía Internacional, Marta Mendiola estuvo en Ginebra durante el período de examen a España de este Comité DESC.

"Es una buena noticia que Naciones Unidas le pida a España que asegure que las medidas de austeridad respeten los derechos humanos, así como que exija que se haga una evaluación exhaustiva de sus efectos sobre las personas y se evalúe la posibilidad de concluir estas medidas. En España la protección jurídica de estos derechos es menor que la que tienen los derechos civiles y políticos, empezando por la Constitución, lo que ha dejado a los derechos sociales a la intemperie de la batería de medidas de austeridad aplicadas durante las últimas legislaturas. El gobierno español insiste en que la recesión está superada, pero las medidas de austeridad persisten y con ello persisten las dificultades para acceder a estos derechos de una parte importante de la población", denuncia Mendiola.

En lo que respecta al derecho a la vivienda, la organización señala que Naciones Unidas ha mostrado "su preocupación por el insuficiente porcentaje de vivienda social en España, que no supera el 2% del total, los precios excesivos de la vivienda, así como la falta de protección adecuada de los derechos de las personas inquilinas con respecto a las propietarias en el mercado de alquiler".

En relación con los desahucios, "el Comité de la ONU destaca que falta un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevarlos a cabo y que incorpore, entre otros, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, asegurando que las personas afectadas tengan acceso a vivienda alternativa".

"Desde Amnistía Internacional hemos señalado en numerosas ocasiones la ausencia de ese marco legislativo adecuado, en un contexto en el que entre 2013 y 2017 se han producido en España 312.361 desalojos. Seguir como hasta ahora, sin legislación ni cauces procesales que protejan el derecho a la vivienda, es una clara vulneración de derechos humanos", reitera Mendiola.

El Comité DESC "reclama a España que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales para brindar una protección adecuada a las personas que puedan quedarse sin hogar como resultado de un desalojo", informa AI.

En lo relativo al derecho a la salud, "Naciones Unidas se sitúa del lado de las organizaciones como Amnistía Internacional, que hemos exigido una reforma del Real Decreto Ley de 2012 que garantice a todas las personas que estén en España, independientemente de su situación administrativa, una asistencia sanitaria. La ONU exige la universalidad del derecho a la salud, que se ha visto menoscabado en España en los últimos seis años de vigencia de este Real Decreto, que ha tenido un efecto claramente regresivo", denuncia Amnistía.

Según subrayan desde Amnistía, "el Comité DESC destaca que falta una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del Real Decreto sobre el derecho a la salud y pide llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y atención de salud".

Por último, en relación con la responsabilidad de las empresas ante la vulneración de derechos humanos, Marta Mendiola concluye que "Naciones Unidas resalta la existencia de lagunas legales en España que no garantizan el cumplimiento de la obligación de debida diligencia y recuerda que las empresas deben identificar, prevenir y mitigar los riesgos de violaciones de derechos humanos".

"Se trata de un avance importantísimo. Las empresas no pueden ser meras espectadoras o beneficiarias de la realidad, son una parte de la misma y, como tal, tienen obligaciones que cumplir, también en materia de derechos humanos", celebra Mendiola.