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A la Atención Primaria en Madrid le faltan 400 médicos y 2.000 profesionales de enfermería para llegar al estándar de un sanitario por cada mil habitantes. Esta es una de las principales conclusiones del nuevo informe del Observatorio Madrileño de Salud, que denuncia la caída en la financiación en la salud regional durante la crisis como consecuencia de "un modelo privatizador" que, a juicio de los impulsores de este texto, se mantiene hoy.

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el decreto que regula los requisitos de catalán para el personal del Servicio de Salud (IbSalut) en Balears. Así lo ha anunciado la consellera de Salud, Patricia Gómez, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha recordado que el Consell Consultiu emitió un informe favorable a la aprobación del texto y ha insistido en que el decreto es "fruto del consenso del consenso de las partes implicadas" en su elaboración.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha exigido hoy al Gobierno de Page y Podemos la contratación de más profesionales sanitarios ante la “caótica situación” que está atravesando la sanidad pública de la región.

El procés soberanista ha copado la totalidad de la información procedente de Cataluña, pero hay otros problemas que afectan a la región, como el estado de la Sanidad. Más de 170.000 personas aguardan en lista de espera para acceder a una intervención quirúrgica, un 3,4% más que el año pasado pese al 'plan de choque' de la Generalitat.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes asistió este lunes a la firma del convenio con la Fundación Amancio Ortega para la donación de 46,5 millones de euros a la Sanidad Pública madrileña. En medio de la polémica generada en torno a la donación del dueño del imperio textil Inditex, Cifuentes quiso agradecer la "solidaridad" de Ortega al tiempo que lanzó un mensaje a quienes rechazan su gesto.

La eterna cuestión de la sanidad pública y su financiación. Un asunto en el que los profesionales de la medicina tienen mucho que decir. Y lo han dicho en las conclusiones del Congreso del Sindicato Médico (CESM), al pedir urgentemente un debate político sobre este asunto, entre Comunidades Autónomas y el Estado, "con vistas a garantizar su sostenibilidad y evitar la quiebra del modelo actual, afectado por una clara insuficiencia presupuestaria y creciente escasez de medios humanos y técnicos para hacer frente con solvencia a la cada vez mayor demanda social de cuidados médicos".

El exconsejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, ha presentado este jueves en Cuenca su libro 'Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud)' en la que aboga por "recuperar la atención universal, retirar los copagos, fortalecer la gestión pública y volver a colocar a la privada como complementaria y no como sustitutiva".

El Gobierno acaba de depositar en el Congreso su proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que contemplan un incremento del 3,9% en la partida de gastos destinada a Sanidad, y una subida del 1,3% respecto a 2017 para las políticas de vivienda. Estos incrementos son insuficientes para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU), según señala Amnistía Internacional. "Naciones Unidas vuelve a señalar los déficits de España en la protección del derecho a la vivienda y a la salud", denuncia la organización.

El catalán será imprescindible para opositar a los cuerpos médicos de la sanidad pública en Baleares: no será un mérito sino un requisito. Si bien el gobierno de Francina Armengol rectificó la idea original de exigir una titulación de forma previa en los procesos selectivos y matizó que "ninguna plaza del sistema sanitario quedará sin cubrir por motivos lingüísticos", lo cierto es que aún exigirán que los sanitarios demuestren en el plazo de dos años que cuentan con el nivel de catalán exigido.

* Diariocrítico / Mallorcadario

La Fundación Amancio Ortega, creada por el dueño del imperio Inditex, anunció el pasado mes de marzo la donación de 320 millones destinados a la sanidad. La donación, repartida entre las Comunidades Autónomas, está destinada a la compra de 290 equipos de última tecnología, así como la renovación de equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer. El gesto del empresario ha recibido tantos aplausos como críticas. Mientras hay quienes alaban la filantropía de uno de los hombres más ricos del mundo, otros critican que se traspasen los límites entre lo público y lo privado y recuerdan al Estado la escasez de recursos provocada por los recortes, al tiempo que denuncian que el gasto público sanitario español es inferior a la media europea.

El Tribunal Constitucional (TC) ha concluido que el carácter público del sistema de la Seguridad Social no se ve cuestionado por fórmulas de gestión indirecta, y ha desestimado la mayor parte del recurso de inconstitucionalidad presentado hace un par de años por 50 senadores socialistas contra la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y hasta 27 centros de salud, prevista en dos artículos de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013.

El presupuesto sanitario para 2015 experimentará un leve incremento en la mayor parte de las comunidades autónomas, aunque estas cifras aún quedan lejos de las inversiones realizadas en 2010, antes de los recortes presupuestarios, según revela el análisis de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

El Grupo Socialista presentará esta semana su Proposición de Ley de Consolidación y Mejora del Sistema Sanitario Público de Castilla-La Mancha con la que pretende "blindar" el sistema sanitario público porque creen que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha emprendido un proceso de "privatización" de la sanidad pública.

Las comunidades autónomas han reducido en los últimos cuatro años hasta un 7,85 por ciento su presupuesto sanitario dedicado a gastos de personal en el ámbito sanitario gracias a que, entre otras cuestiones, entre 2012 y 2013 han eliminado más de 19.000 empleos y reducido el gasto en remuneración de personas asalariadas en 2.320 millones de euros.