La Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas, entre ellas 5 alcaldes del PP, uno del PSOE y otro de un partido local por "prácticas corruptas" en el amaño, entre 2012 y 2014, en la adjudicación de contratos públicos a favor de la empresa de eficiencia energética Cofely España en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en la conocida como 'trama Púnica'.
La principal condena ha sido para David Marjaliza, el "conseguidor" de esta trama y antiguo socio de Francisco Granados, que no ha sido juzgado por este caso. La Audiencia le ha impuesto 8 años y dos meses de prisión.
También han sido condenados a prisión el ex alcalde de Móstoles (Daniel Ortiz Espejo), el de Collado Villalba (Agustín Juárez) y el de Moraleja de Enmedio (Carlos Alberto Estrada), todos del PP. También el de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, independiente y el socialista José María Fraile, ex regidor de Parla. Además, se ha impuesto penas de prisión a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, el primero ex concejal de Medio Ambiente de Móstoles y el segundo ex diputado regional del PP y ex alcalde de Sevilla La Nueva.
Para el alcalde de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas, del PP, la pena se ha quedado en inhabilitación especial, mientras que han sido absueltos el de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato y el de Valdemoro, José Carlos Boza, también del PP.
Juzgados por "prácticas corruptas"
El tribunal ha creído culpables a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas en la pieza 6 del 'caso Púnica' por "prácticas corruptas". Se han puesto condenas de más de 6 años de cárcel al entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice, al ex director Comercial Constantino Álvarez o al que ejerciera como director Comercial de Cofely Pedro García Pérez. A la empresa Cofely se le ha colocado una multa de más de 3,5 millones de euros.
De acuerdo con el tribunal, los directivos de Cofely y Marjaliza habrían actuado como una organización criminal para conseguir la adjudicación de contratos en ayuntamientos. Ya fuera ofreciendo o aceptando acuerdos de corrupción con las autoridades. La empresa lograba datos de consumo y estado de las instalaciones antes de la licitación. Además participaba en la conformación del expediente administrativo gracias a la aportación de elementos esenciales del contrato, como el precio, la fórmula de valoración económica, duración o criterios de valoración.
El cálculo del precio llevaba las partidas de proyecto y auditoría, que fueron los dos mecanismos defraudatorios utilizados para el pago de las dádivas comprometidas con políticos o funcionarios. Si este precio ofertado se aceptaba como precio de licitación y al final se adjudicaba el contrato a Cofely, este contaría con un sobrecoste a cargo del Ayuntamiento. De acuerdo con el tribunal, "esta dinámica se ha repetido, con las variantes propias de cada caso, en la práctica totalidad de los Ayuntamientos afectados, objeto de esta pieza separada".
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