Ayuso se siente indefensa y reclama "el mismo trato" que al resto de políticos

En un vestíbulo del Parlamento Europeo la presidenta de la Comunidad de Madrid ha definido el conflicto competencial entre la Justicia española y europea sobre la investigación del contrato a Priviet Sportive de 1,5 millones de euros financiados en parte con Fondos Feder como una “guerra de fiscalías” en la que siente una “indefensión”.

Isabel Díaz Ayuso ha defendido por enésima vez la legalidad tanto del polémico contrato como de la “contraprestación laboral” de su hermano y ha reclamado que se le dé “el mismo trato que al resto de políticos”.

Después de más de una decena de preguntas sobre el mismo asunto, la presidenta regional ha insistido en una idea: la posible existencia de intereses políticos ocultos en que este contrato se investigue. “¿Hay algún contrato que se haya esparcido durante tanto tiempo? Yo creo que no”, se ha preguntado de forma retórica Díaz Ayuso ante los periodistas, sin desvelar directamente quién o quiénes son la diana de sus sospechas. Acto seguido, ha reclamado que “la lupa” no se está posando sobre los demás pero que está totalmente segura de que tanto el contrato como el trabajo de su hermano ha sido legal.

“No le hemos dado ningún contrato a mi hermano, eso hubiera sido un problema distinto. No ha habido malversación ni aprovechamiento de los mismo. Yo no puedo ir ni a favor ni en contra de absolutamente nadie”, ha explicado, con cierto hastío, la presidenta regional. Aquí, de nuevo, ha retado al resto de formaciones políticas y a la prensa a que encuentren algo irregular.

En cuanto al uso de los Fondos Feder para el discutido contrato, razón por la que el Tribunal Europeo ya investiga la causa, Díaz Ayuso ha defendido que esto ha sido una práctica habitual de todas las administraciones durante la pandemia.

López carga contra las fiscalías europea y española: “El contrato es legal”

El comunicado enviado desde Luxemburgo, ciudad donde se sitúa la sede del Tribunal Europeo, hacia la Fiscalía General del Estado en relación al conflicto de competencias sobre la investigación abierta contra el contrato de 1,5 millones de euros a Priviet Sportive vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso no ha sentado bien en la Puerta del Sol. Según el consejero de Interior, Justicia y Presidencia, Enrique López, este órgano judicial europeo “abusa” de sus competencias al entender que ha podido haber malversación de fondos Feder y en un complejo ejercicio de pedagogía jurídica, defiende y critica a la vez la actuación de la Fiscalía española: apoya la decisión de que Europa no acapare por completo el caso y ataca la existencia de la investigación por Anticorrupción.

“Ningún juez en España con lo que hay ahora hubiera admitido a trámite una querella de malversación de caudales públicos”. Así sentencia López su visión sobre la mera existencia de la causa, que la atribuye a motivos políticos y le genera desconfianza en cuanto a la premisa constitucional de la separación de poderes por ser Dolores Delgado, exministra socialista, quien ostenta el cargo de Fiscal General del Estado. Sin embargo, no todas las decisiones de la justicia española en relación al polémico contrato que dinamitó la cúpula del Partido Popular disgustan al consejero: “En España se siguió el procedimiento, como no puede ser de otra manera, y ante la discrepancia entre Fiscalía europea y la Fiscalía nacional quien resuelve es la fiscal general del estado tras oír a los fiscales de sala, que ha resuelto lo que ha resuelto loe guste o no a la fiscalía europea”.

Así, para este exjuez y actual consejero de la Comunidad de Madrid, la decisión de la justicia española es correcta en cuanto a Europa e incorrecta en cuanto a la investigación del contrato. "La Administración regional y todos sus miembros confiamos en la legaldiad del contrato en cuestion", insiste López que pide superar los "embrollos" en los que la fiscal delegada europea quiere hacer caer a la presidenta regional.