La defensa de Begoña Gómez ha decidido recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto con el que el magistrado Juan Carlos Peinado ha transformado sus diligencias en un asunto de tribunal del jurado por malversación. Asegura que ni se fundamenta que haya indicios del delito ni los investigados lo podrían haber cometido, puesto que no se puede tomar a la mujer del presidente del Gobierno como funcionaria pública ni pensar que los correos que manejaba su asesora eran de "trabajo".
Sobre el primer asunto, el escrito, al que han tenido acceso diversos medios, afirma que Begoña Gómez, como mujer de Pedro Sánchez, "ni tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas", los dos requisitos que definen en la ley al funcionario.
No admite así que se le conceda esta condición de cara a la imputación de malversación, decisión que tomó Peinado después de una referencia previa de la Audiencia Provincial de Madrid en relación a sus labores para la Universidad Complutense.
Y estas labores, según la defensa, no iban remuneradas. El abogado sostiene que todos los correos electrónicos que han aportado a la causa en los que estaba la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, lo eran sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva, donde ella "no cobraba ninguna cantidad de dinero".
"No eran correos relativos al trabajo de la misma"
"Difícilmente puede considerarse que eran correos relativos al trabajo de la misma", mantiene el escrito, que copia la definición del Diccionario de la RAE para el término trabajo y remarca que debe concurrir una retribución inexistente en este caso.
Concluye en todo caso que lo que hacía Cristina Álvarez era dar una "ayuda puntual" en temas administrativos, de ahí que los 121 correos electrónicos aportados a la causa por el ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, tuvieran nada que ver con la gestión de los convenios de colaboración. El peso, subraya, lo llevaba la propia Begoña Gómez.
"Todos sin excepción han sido remitidos por Cristina Alvarez desde su correo particular y responden a una ayuda puntual en relación con el tema de la firma de los convenios de la Catedra derivada de la amistad que mantenían. En ningún momento esto ha afectado al cumplimiento de las funciones ordinarias y habituales en la Presidencia del Gobierno de Cristina Álvarez que están documentadas en la causa", afimra el escrito.