Un día después de que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, fuera enviado al banquillo, el juez Juan Carlos Peinado sienta ahora a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Como adelantó 'eldiario.es', el magistrado lo hace acusando a la 'primera dama' de malversación por presuntamente buscar beneficio de su influencia en Moncloa en su carrera profesional.
También llevará a juicio a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Jurado popular
Todos ellos serán juzgados por un jurado popular por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, aunque en el auto judicial, Peinado no especifica los hechos concretos que les imputa.
Sin embargo, antes de abrir el juicio oral, convocó a los 3 acusados a su juzgado el sábado 27 de septiembre para informarles, explicando que, tras sus declaraciones como imputados, la causa ya está preparada para ser juzgada.
Según la normativa del tribunal de jurado, este movimiento indica que el juez considera que un imputado podría ser enjuiciado por un delito que es competencia de un jurado popular.
En este caso, la malversación que el magistrado atribuye a Gómez y a los otros 2 implicados se relaciona con el trabajo de su asistente.
La investigación contra Begoña Gómez
El juez Peinado lleva más de un año y medio investigando a Gómez en varias causas, a raíz de una primera denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que se basó en recortes de prensa y noticias falsas o inexactas.
Una de las líneas de investigación busca determinar si su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, trabajaba para ella enviando correos electrónicos en su nombre en el contexto de la cátedra extraordinaria que tuvo en la Universidad Complutense de Madrid.
Peinado ha sido mientras tanto acusado de buscar cualquier indicio contra ella, en lugar de ceñirse a la denuncia inicial, por lo que fue denunciado por prevaricación, algo que fue descartado por la Audiencia Provincial de Madrid.
La realidad es que, tanto tiempo después de una instrucción más propia de los platós de televisión que de una seria en los juzgados, el magistrado tuvo que renunciar a presentar cargos por tráfico de influencias, haberse apropiado presuntamente de un software de la Universidad Complutense... Finalmente, sólo ha encontrado un supuesto delito: haberse aprovechado de una asistenta de Moncloa, pagada con dinero público, para que enviara correos en sus gestiones privadas como directora de una cátedra.
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