El ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha denunciado este lunes una supuesta vulneración de derechos ya que considera que los delitos que se le imputan por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', habrían prescrito y ha pedido anular el próximo juicio en la Audiencia Nacional.
La representación de Camps ha realizado estos planteamientos durante la exposición de las cuestiones previas, antes de que empiecen las declaraciones de los acusados, que comparecerán este martes ante el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora.
Casi una treintena de acusados se sientan en el banquillo por esta pieza de la macrocausa, centrada en la adjudicación presuntamente irregular a una empresa de Gürtel del montaje del expositor de la Comunidad valenciana en la feria Fitur, de 2009. Junto a Camps, están acusados varios ex altos cargos de su Gobierno y los considerados líderes de la trama.
Durante una jornada eminentemente técnica, centrada en las cuestiones previas, el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana durante 8 años (2003-2011), ha denunciado la vulneración de una serie de derechos como el de la presunción de inocencia.
Su defensa también ha esgrimido que se encontraría ante el principio de "cosa juzgada" porque existe una "identidad" entre este juicio y el conocido como el de "los trajes", del que fue absuelto y por el que llegó a dimitir, y ha dicho que el tribunal ya descartó que hubiese "indicios de indicaciones para las adjudicaciones de contratos a Orange Market", empresa de la trama, entre 2005 y 2008.
Pero ha sido la presencia del letrado de la Generalitat Valenciana como acusación en el juicio lo que ha centrado buena parte de las quejas de las defensas, que han denunciado que presentase fuera de plazo el escrito en el que solicita responsabilidad civil y han deslizado que, en su caso, debería adherirse al escrito de la Fiscalía, además de cuestionar la forma de contratación del abogado a través de un contrato menor.
Criticas a Anticorrupción
A su vez, Camps ha denunciado una "persecución feroz" de la Fiscalía Anticorrupción y sus "pactos secretos y obscenos" con algunos de los principales acusados en el juicio en la Audiencia Nacional. "Jamás he temido nada que tenga que ver con todo lo que durante estos años ha sido una persecución feroz de la Fiscalía Anticorrupción", ha subrayado en declaraciones a los medios.
La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación para Camps, que ha vuelto a cargar duramente contra el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, por perseguirle también de manera "feroz" y le ha instado a ser "valiente" para ponerse delante de los medios de comunicación y dar explicaciones.
El ex presidente valenciano ha insistido en que es una obscenidad que el Ministerio Público "busque a personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que se piden muchas veces".
"Fíjese lo que es decir: le voy a meter 20 años en la cárcel, pero no estará ni un solo día si dice que no sé quién hizo no sé que cosa. En un Estado de derecho, un país moderno y civilizado, esto no debería corresponder", ha apostillado el ex diputado del PP.
Inicio del juicio accidentado
La vista oral debió arrancar el pasado lunes, pero ese mismo día el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, anunció que aplazaba el inicio del juicio dando un "lapsus de una semana" advirtiendo de que, si no, se podría provocar "indefensión a alguna parte", lo que "lamentablemente" podría dar lugar a una "nulidad" y a que el juicio tuviese que "volver a empezar tres meses o dos años después".
Esta decisión llegó después de que la defensa de Camps relatase que a algunas partes les había resultado "imposible el acceso" a parte de la documentación relativa al proceso. "Hay documentos a los que no podemos entrar", apuntó en la primera sesión de la vista oral.
La vista oral viene precedida de una cascada de confesiones y conformidades de algunos de los principales nombres ligados a 'Gürtel'. El líder de la trama, Francisco Correa, su 'número dos', Pablo Crespo, la administradora de la misma, Isabel Jordán, el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el responsable de la misma, Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes', han remitido escritos de reconocimiento los hechos y se han adherido a las conclusiones planteadas por la Fiscalía.
En las mismas, el Ministerio Público pide imponer 2 años y 6 meses de cárcel a Camps como autor de un delito de prevaricación y otro de fraude a la administración al considerar que participó de forma activa en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market.
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