El Govern de la Generalitat de Cataluña ha decidido iniciar el procedimiento para expropiar pisos vacíos de grandes tenedores (aquellos que poseen más de cinco inmuebles) por "incumplir la función social de la propiedad".
En la primera fase del proceso, actuará en 14 municipios declarados legalmente como áreas con una fuerte demanda. En este grupo están Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt (Girona), Tarragona, Valls (Tarragona), Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
Los propietarios deben acreditar que los pisos no están vacíos
Como explica el Govern, en los próximos días mandarán los primeros requerimientos para que los propietarios acrediten legalmente la residencia de las personas en las viviendas. Si no lo hacen en un plazo de un mes, se declarará el incumplimiento de la función social del piso y comenzará el procedimiento de expropiación para destinarlo al alquiler social. Existirá, asimismo, un plazo de tres meses para llegar a un mutuo acuerdo sobre la expropiación.
Pasado ese tiempo, comienza el procedimiento de urgencia, que permite adquirir la propiedad, y se discutirá el precio en una fase posterior. De esta manera, el Govern piensa que a principios de 2024 ya se podrían obtener los primeros pisos, que se quedarán en manos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).
Para esta primera fase, el Govern enviará 5 millones de euros mediante Incasòl, lo que permite la adquisición potencial de entre 50 y 70 viviendas en estas zonas, según el precio de expropiación.
Para familias vulnerables
Los pisos que se obtengan de esta manera serán destinados a los más vulnerables y, como indica el Govern, la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC) será la que ponga estas viviendas a disposición de las familias vulnerables incluidas en las Mesas de emergencia de los municipios donde estén los inmuebles. También puede lograrse mediante programas sociales, como por ejemplo el de mujeres víctimas de violencia de género.
Juli Fernàndez, conseller de Territorio de la Generalitat, ha comentado este martes que esta medida se impulsará basándose en la Ley 1/2022 de la Generalitat: "El Govern usa todas las herramientas a su alcance para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen respuestas. El objetivo es que viva gente en los pisos vacíos", ha añadido.
De esta manera, el Govern quiere movilizar viviendas que están vacías y con este decreto piensa que, por un lado, los propietarios pondrán los pisos en el mercado de alquiler social y, por el otro, que más municipios firmarán convenios con la Generalitat para ampliar el número de pisos en este mercado.
En total, el Govern ha encontrado 189 viviendas que cumplen los requisitos previstos, y aunque la mayoría son de grandes tenedores, también podría afectar a personas físicas si la vivienda está inscrita en el registro de viviendas vacías de Cataluña o cumple los requisitos para estarlo.
Estudios previos de inspección
Anteriormente a este procedimiento, el Govern señala que la AHC ha completado un programa de inspección en las viviendas vacías que constan inscritas -o son susceptibles de estarlo- en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante (RHBO) de estos 14 municipios. Este programa de inspecciones se hizo entre 2020 y 2022 mediante un convenio de colaboración con los ayuntamientos.
Se ofreció a los 45 municipios donde la AHC tenía detectado un mayor incremento de solicitudes valoradas por las Mesas de emergencia y, después, se lograron convenios con 14 ayuntamientos.
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