Celaá responde a la "controversia exagerada" de la educación concertada: "Las familias no tienen nada que temer"

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha aclarado la polémica surgida por unas declaraciones realizadas en el XV Congreso de Escuelas Católicas con las que desligó la libertad de los padres para escoger un centro educativo del artículo 27 de la Constitución.

Celaá aseguró que se trató de una valoración en un plano teórico incidiendo en que se limitó a recordar el posicionamiento del Tribunal Constitucional en una treintena de sentencias.

El artículo 27 se refiere a la "creación de centros y a la libertad de cátedra", defendió Celaá quien insistió en que esto no significa que los padres no tengan otros derechos derivados de la legislación ordinaria.

"Hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal secuenciado de las leyes que derivan de la Constitución", insistió.

Asimismo, puso un ejemplo concreto al recordar que cada año hay padres que se quedan fuera del centro que han elegido como primera opción y no por ello acuden a recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. "Podríamos caer en un absurdo teórico" de que todos los padres reclamaran plaza en el mismo centro y no se les pudiera conceder por una cuestión de programación escolar que tiene que ver con el espacio, la zona, la disponibilidad y otros factores, argumentó.

Es decir, los padres tendrán "estos derechos en las condiciones legales que se determinen".

Celaá consideró que esta polémica es una "controversia exagerada" que se fue alimentando a lo largo de la tarde y preguntó retórica: "¿A quién le interesa?".

Defensa histórica de la educación concertada

La ministra portavoz recordó que lleva más de 30 años dedicada a la educación -un servicio que presta en más del 67% la escuela pública y el resto por la red privada- e insistió en que el PSOE es el "baluarte más claro" tanto de la educaicón pública como de la educación concertada.

Celaá apuntó que la legislación sobre la educación concertada es del año 1985 y que la aprobó el PSOE con alguna objeción de la oposición, recordó.

Reclamó a las fuerzas conservadoras la defensa de la educación pública e insistió en que el PSOE defiende la red concertada. "Es más, tanto la hemos defendido que le hicimos una ley", insistió. "Respetamos la eduación concertada", reiteró. "La hemos atendido con mayor asiduidad y con mayor esmero que otros que nos precedieron", aseguró en referencia al PP.

"Las familias no tienen nada que temer", insistió Celaá defendiendo ambos sistemas. "Es una controversia alimentada de manera artificial", aseguró.

"Los padres tienen libertad de elegir un centro dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza", añadió para negar que haya algún tipo de plan revisar los acuerdos suscritos con la Santa Sede. "Puede estar tranquilo el sector porque llevamos gestionando esto 30 años", añadió.

Asimismo rechazó la dicotomía sobre si la educación es responsabilidad de los padres o del Estado. "Pensar que la educación pública es dejar la educación en manos del Estado es un error de primera magnitud", respondió a una pregunta planteada en este sentido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"No estamos en países totalitarios donde el Estado educa a los niños y las niñas", sostuvo firme Celaá recordando que los centros -públicos y privados-, están sujetos al control de la ciudadanía a través de los consejos escolares.

"La familia educa, tiene que educar, pero también tiene que ayudarse de los servicios de la Educación", insistió.

Artículo 27 de la Constitución:

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.