La formación de Albert Rivera ha flexibilizado el ultimatum dado al Gobierno para que exigiera a los defraudadores de la amnistía fiscal que tributaran al 10% en vez de al 3%. Según Ciudadanos, aunque el PP sobrepase la fecha límite en la que consideraban que prescribía la amnistía, que se cumple este miércoles, ellos se limitarán a preguntar al Gobierno cómo piensa cumplir con el compromiso adquirido con ellos en ese punto.
Ciudadanos esperaba que el Gobierno hiciera un gesto a favor de endurecer la postura sobre la amnistía fiscal en una moción presentada este martes en el Congreso. Sin embargo, el debate parlamentario no ha ido como esperaban.
La moción, a consecuencia de una interpelación al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha planteado que la Cámara Baja se pronuncie a favor de que los defraudadores que se acogieron a la amnistía de 2012 tributen al tipo efectivo del 10%, en lugar del 3% permitido por el Ejecutivo.
El texto ha sido aprobado por la mayoría de la Cámara, pero el PP se ha abstenido, a pesar de que este es uno de los compromisos plasmados en el pacto firmado con Ciudadanos antes de la investidura. En el acuerdo no se establece ninguna fecha límite, aunque en la memoria económica sí se recoge un ingreso de 1.000 millones de euros para 2017 proveniente de la recuperación del dinero de la amnistia fiscal.
El desencuentro entre la formación de Albert Rivera y los populares se centra en los tiempos, ya que Ciudadanos insistía en que el plazo máximo para iniciar el trámite y exigir el dinero acababa este miércoles.
Por su parte, Montoro negó durante la sesión de control del pasado miércoles que hubiera una fecha de prescripción. El ministro había anunciado ya un envío masivo a los defraudadores para informarles precisamente de que la amnistía no prescribía, un gesto que Ciudadanos rechazó en su momento antes de demandar la apertura de expedientes de comprobación con el objetivo de ver cuánto dinero se podría reclamar a los defraudadores.
El diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre ha pedido este martes a Montoro que aporte los informes que justifican que no existe prescripción y que se comprometa a incluir este punto en un plan antifraude. "Las cosas no prescriben cuando lo dice el ministro", ha apuntado el parlamentario desde la tribuna.
Por su parte, el PP ha propuesto una enmienda para modificar el texto de la formación de Rivera. La propuesta de los populares incluía un compromiso para realizar de forma urgente "comprobaciones inspectoras", aunque sin establecer ningún plazo y estableciendo que se respetaría en cualquier caso los límites de la normativa tributaria.
La diputada popular Ana María Madrazo ha señalado durante el pleno que el espíritu de la enmienda era mantener la posición de su grupo de "no inmiscurise en la accion de la agencia tributaria". Ciudadanos ha rechazado la enmienda del PP al considerar que su texto era más completo.
"Pensamos que la enmienda del PP se apartaba (de la exigencia) y dejaba puntos poco claros", ha explicado De la Torre al salir del pleno. El diputado ha señalado que tendrán que estudiar la situación para determinar si se ha incumplido o no el pacto y cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora.
La formación naranja, por tanto, ha tenido que rebajar su 'ultimatum' dado al Gobierno sobre el plazo para actuar sobre la amnistía fiscal. El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ya había adelantado este martes que si el Gobierno no daba pasos antes del 30 de noviembre, se limitarían a preguntarles cómo iban a cumplir el compromiso de exigir el dinero.
Pero además, Gutiérrez ya concedía que si Montoro había apuntado a que la exigencia del dinero no prescribía, ellos tendrían que aceptar su palabra. "Nosotros debemos de creer que, cuando un ministro dice una cosa de una manera en sede parlamentaria ante todos los diputados, que está absolutamente convencido. Nosotros no tenemos por qué dudarlo", comentó el diputado, que añadió que lo importante es que el Gobierno llevara a cabo estas investigaciones.
Sin embargo, hasta el momento Ciudadanos insistía en esa fecha límite para determinar el cumplimiento del pacto y para ver si el Gobierno tenía una voluntad real de cumplir con la lucha contra el fraude fiscal.
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