La Comisión de Venecia ha dado su informe sobre la ley de amnistía y tiene 3 recomendaciones para España. La primera definir de manera más clara el alcance material y temporal de la ley del perdón para que sus efectos puedan ser más previsibles. Reforzar la conexión entre ambas consultas ilegales que se quieren amnistiar y los actos de malversación y corrupción que se encuentran actualmente investigando y enjuiciando. Y en tercer lugar, eliminar el criterio de la "sentencia firme" para excluir los delitos de terrorismo.
Este órgano consultivo da respuesta a las cuestiones del Senado sobre una presunta vulneración del principio de separación de poderes con la ley de amnistía que "es una consecuencia lógica de la supresión de la responsabilidad penal". Aun así, sobre si una eventual cuestión de inconstitucionalidad tendría que paralizar la aplicación de la ley, indica que no debe impedirse la revisión judicial del proyecto. También dice que "la reconciliación social y política son objetivos legítimos".
La comisión habla sobre el trámite que han seguido los grupos parlamentarios con esta ley. Un procedimiento de urgencia, comenta, "con consulta limitada al público, a las partes interesadas y a otras instituciones estatales que ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad española". Por ello, "anima a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de lealtad cooperación entre las instituciones estatales, así como entre Gobierno y oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y considerar la exploración de procedimientos de justicia restaurativa".
Sobre el 'lawfare'
La Comisión de Venecia también se ha pronunciado en contra del llamado 'lawfare', la revisión de las causas judiciales en sede parlamentaria. Asegura que "los jueces no deberían estar obligados a informar sobre el fondo de sus casos a nadie ajeno al Poder Judicial" y da la siguiente recomendación: "las comisiones de investigación creadas por el Congreso de los Diputados no pueden pretender exigir que los jueces les informen, en particular sobre el fondo de los casos que han decidido".
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