El alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA en Valencia, José María Ángel Batalla, ha emitido un comunicado en el que defiende que no incurrió en ninguna irregularidad al acceder a su puesto en la Diputación de Valencia en 1986.
Según explica, para ese cargo no se requería poseer una titulación universitaria, tal como demuestran las bases publicadas para el concurso de acceso correspondiente.
En su escrito, detalla los documentos que presentó para optar al puesto, entre los cuales no figura ningún título universitario.
Derecho a la defensa
Por otro lado, Ángel Batalla critica duramente a la Agencia Valenciana Antifraude por haber realizado una investigación sobre su trayectoria profesional sin notificarle previamente, lo que considera una vulneración de su derecho a la defensa.
Anuncia que emprenderá acciones legales para proteger su honor tras más de 40 años de servicio público y carrera profesional. Este anuncio llega después de que la agencia señalara que el título universitario incluido en su expediente personal sería "presumiblemente falso".
Un historial marcado por la polémica
La vinculación de Ángel Batalla con la Diputación de Valencia comenzó en 1981, cuando obtuvo un puesto en el Archivo General de la institución. Para ese empleo solo era necesario contar con un título de enseñanza media o bachillerato. Dos años después, en 1984, consiguió un puesto de técnico medio mediante un proceso que implicaba la presentación de una memoria y la superación de un examen escrito, requisitos que asegura haber cumplido correctamente. Además, Ángel adjuntó las bases de esos concursos para respaldar que nunca se exigió una titulación universitaria para dichos puestos.
Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia. El documento concluye que el título universitario registrado en su expediente personal como funcionario de la Diputación es presumiblemente falso, ya que no existen evidencias de su veracidad. Además, apunta a 2 funcionarios de la institución que, mediante una actuación presuntamente negligente, omitieron verificar la autenticidad del título, lo que habría permitido mantener una situación irregular durante décadas.
Posibles consecuencias administrativas y penales
El informe también destaca que esta presunta irregularidad pudo haber permitido a Batalla beneficiarse de emolumentos superiores (como sueldo, grado consolidado y trienios) a los que le correspondían como funcionario del grupo D (actual C2), nivel básico destinado a funciones de apoyo administrativo que solo requiere haber completado la Educación Secundaria Obligatoria. La agencia sugiere que Batalla, y posiblemente otros dos funcionarios, podrían haber incurrido en un "ilícito administrativo disciplinario".
Además, relata que Batalla no superó el primer curso académico (1975-1976) en la Facultad de Filosofía, Sección de Geografía e Historia, de la Universidad de Valencia. Con base en estos indicios, la Agencia Valenciana Antifraude ha decidido interrumpir sus investigaciones y remitir el caso a la Diputación de Valencia, instando a la institución a evaluar qué medidas tomar ante las "conductas presumiblemente constitutivas de ilícito administrativo". También solicita que la Diputación informe periódicamente sobre el estado de las actuaciones y notifique cualquier archivo del procedimiento.
En cuanto a la posibilidad de que los hechos puedan constituir un delito, la agencia aclara que carece de competencias en materias que corresponden a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial. Sin embargo, recuerda que, en caso de que se inicie un procedimiento judicial o fiscal para determinar el alcance penal de los hechos, deberá interrumpir sus investigaciones y proporcionar toda la información disponible, colaborando estrechamente con las autoridades competentes.
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