Un día después de que la Comisión Europea diera su visto bueno a la excepción ibérica, el Congreso de los Diputados ha aprobado el decreto que fija un tope al precio del gas con el objetivo de reducir el de la luz en el mercado mayorista. Esta medida fue solicitada por España y Portugal a Bruselas en plena crisis energética e inflacionista, y entrará en vigor el próximo martes 14 de junio, cuando se publique en el BOE.
Con 197 votos a favor, 2 en contra y 140 abstenciones, el Pleno del Congreso ha dado luz verde al Real Decreto-ley "por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista".
"Hogares y empresas empezarán a notar el ahorro en la factura eléctrica inmediatamente. También en esta crisis, proteger a la ciudadanía y al tejido productivo es nuestra máxima prioridad", ha manifestado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras la convalidación del decreto.
El texto desarrolla un mecanismo temporal, conocido como excepción ibérica, de 12 meses de duración acordado con la Comisión Europea que ajusta el coste de producción de las tecnologías fósiles marginales, basado en una fórmula matemática para reducir el precio de las ofertas que dichas tecnologías realizan en el mercado. El precio de referencia del gas que establece el mecanismo será variable, 40€/MWh los seis primeros meses, y se incrementará en 5€/MWh los meses sucesivos.
El mecanismo ibérico es una medida extraordinaria que se justifica por la escasa interconexión de la Península Ibérica con el resto de Europa, que supone una desventaja para su integración en el mercado europeo. Aunque en un principio ambos países plantearon un tope de 30 euros al gas, tuvieron que conformarse con el límite máximo de 50 euros.
El BOE publicará la Orden de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la medida entrará en vigor el próximo martes, 14 de junio, y afectará a la casación del mercado mayorista de la electricidad que se celebrará ese día para fijar los precios del día siguiente, miércoles 15 de junio.
El Gobierno ha defendido que "durante sus 12 meses de vigencia rebajará las facturas de las familias y las empresas y les protegerá de la volatilidad de los precios del gas en los mercados internacionales".
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