El Gobierno impulsa la reforma de la ley de universidades que pretende acabar con la precariedad del profesorado

Manuel Castells ha detallado las claves de la reforma de la ley de universidades, que ha sido aprobada este martes en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha actualizado la vigente ley de 2001 para aumentar la calidad del sistema universitario, vincularlo a la economía y el empleo y favorecer la estabilidad de docentes e investigadores.

El ministro de Universidades ha defendido que la nueva ley de Universidades pretende modernizar el sistema universitario español y brindarle una mayor calidad. Castells ha resaltado que en 2 décadas la sociedad ha cambiado mucho, incluso se han sufrido 2 crisis económicas, por lo que es necesaria una renovación del sistema.

Primar la calidad de la educación y aumentar la investigación

Los tres principales objetivos de la futura ley son la mejora de la calidad del sistema universitario, la vinculación con la economía y el empleo y poner fin a la precariedad del personal docente e investigador.

En una apuesta por mejorar la calidad de la enseñanza universitaria e incrementar la investigación, se obligará a que todas las universidades (de titularidad pública o privada) destinen el 5% de su presupuesto a la investigación. En este sentido también se reservará el 15% de las plazas que se convoquen en la universidad para investigadores que opten por la carrera universitaria.

Junto a la investigación y la transferencia, se establecerá la docencia como mérito para la carrera académica, "acabando con la contradicción de que nos pagan por enseñar, pero nos promocionan sin considerar la calidad de la docencia", ha afirmado el ministro. Se establece la nueva figura de profesores distinguidos como método de atracción del talento internacional al más alto nivel.

La vinculación con la economía y el empleo se estrechará gracias a medidas como las pasarelas entre la universidad y la formación profesional superior, la cobertura legal a la mención dual, a las prácticas en las empresas y a los doctorados industriales, y al emprendimiento, sentando las bases para que las universidades puedan crear y participar en empresas y entidades basándose en el conocimiento generado.

Con el objetivo de combatir la situación de precariedad en que se encuentra parte de su personal, principalmente el profesorado asociado, la nueva ley dota de diferentes herramientas a las universidades. Entre ellas destaca una carrera académica estable para el profesorado permanente con doctorado en tres niveles (profesores ayudantes doctores, titulares y catedráticos), la reducción de la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador del 40% al 20%, y el incremento del 51% al 55% del porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas.

Castells ha afirmado que "los estudiantes son la razón de ser de la universidad" y por ello el nuevo texto reafirmará sus derechos y deberes. Se seguirá reforzando la política de becas del gobierno y manteniendo los límites máximos de precios públicos establecidos anualmente por la Conferencia General de Política Universitaria.

La participación de los estudiantes en los órganos de gobierno, departamentos y facultades se verá favorecida con la creación de un Consejo de Estudiantes en cada universidad.

El ministro de Universidades ha enfatizado la necesidad de favorecer la internacionalización e integración de las universidades españolas en el Espacio Europeo de Educación Superior, potenciando entre otros, los programas como Erasmus+ y Erasmus Mundo, la movilidad internacional del profesorado y el personal de gestión, las alianzas interuniversitarias con otros países, la creación de títulos compartidos con universidades extranjeras y la participación activa en los programas de cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para todo ello, se simplificarán los trámites administrativos para homologaciones y titulaciones.