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El Gobierno exige al Constitucional mano dura en Cataluña: 'No basta con una mera declaración de nulidad'

> Invita a abrir la vía penal contra la presidenta del Parlament

viernes 29 de julio de 2016, 16:05h
El Gobierno ha abierto este viernes la puerta a la posibilidad de que la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, tenga que hacer frente a responsabilidades penales por tramitar la resolución sobre la "desconexión" de Cataluña que aprobó el Parlament el pasado miércoles, al pedir al Tribunal Constitucional que remita a la Fiscalía las "vulneraciones" que ha cometido de sus resoluciones.
El Gobierno exige al Constitucional mano dura en Cataluña: 'No basta con una mera declaración de nulidad'
(Foto: EP)

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, después de la reunión del Consejo de Ministros. Se trata de una de las medidas incluidas dentro del incidente de ejecución de sentencia presentado ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Parlament, que pide además que sea declarada nula y suspendida de forma inmediata.

A juicio del Gobierno, siguiendo con el informe elaborado por la Abogacía del Estado, Forcadell desobedeció una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2015 al incluir en el orden del día del Pleno del Parlament la votación de la resolución de "desconexión", que había sido declarada inconstitucional y nula.

Por ello, emplaza al tribunal a "deducir testimonio de particulares" para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder a la presidenta del Parlament, lo que en la práctica supone que el tribunal remita a la Fiscalía el conjunto de actuaciones desarrolladas por Forcadell para que, "en su caso", se pueda proceder penalmente contra ella. "Se ha vulnerado una decisión judicial y entendemos que tenemos que pedir al Tribunal Constitucional que, a la vista de esa actuación, la remita a la Fiscalía", ha explicado la vicepresidenta, que cree que Forcadell pudo "incurrir en delito" al incluir en el orden del día el debate y votación de la resolución de "desconexión".

En concreto, el Gobierno ha advertido en su escrito al Tribunal Constitucional de que la decisión del Parlamento y del Gobierno de Cataluña de incumplir sus resoluciones al permitir la votación y aprobación del inicio de la "desconexión" con el Estado no puede saldarse, en este caso, "con una mera declaración de nulidad" del texto. "En esta ocasión, las medidas a adoptar no pueden limitarse a una mera declaración de nulidad de la resolución impugnada", dice la Abogacía del Estado en su incidente de ejecución registrado.


Aviso a Puigemont y sus consejeros

Por otra parte, el incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Abogacía del Estado también pide al Tribunal Constitucional que emplace a una serie de responsables públicos catalanes que se abstengan de realizar cualquier actuación que pueda incumplir sus sentencias y avanzar en la resolución de "desconexión".

Y les avise de que, en caso de desobedecer, podrían tener que hacer frente a multas entre los 3.000 y los 30.000 euros, la suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la "observancia" de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales.

Este aviso se realiza de nuevo a Forcadell, al resto de miembros de la Mesa del Parlament, al secretario general de la Cámara, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los demás componentes del Ejecutivo catalán.

En concreto, quiere que se imponga a los responsables del Parlament la prohibición expresa de convocar a los órganos de la Cámara para debatir y votar ninguna iniciativa que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a la resolución impugnada, según el texto del incidente de ejecución, al que ha tenido acceso Europa Press.

E imponga a Puigdemont y sus consejeros la prohibición de tramitar propuestas legislativas, dictar normas de rango reglamentario o llevar a cabo cualquier iniciativa que pueda dar cumplimiento a esta resolución, advirtiéndoles de las responsabilidades en caso de incumplir, incluidas las penales.

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