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La derogación de la 'ley de punto final' del PP vuelve al Congreso
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(Foto: PSOE)

La derogación de la "ley de punto final" del PP vuelve al Congreso

domingo 16 de febrero de 2020, 11:51h

El Congreso debatirá este martes una propuesta de Unidas Podemos para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la duración de la fase de instrucción de los procesos penales y establece un plazo general de seis meses y uno especial de dieciocho meses para las investigaciones expresamente declaradas complejas. La formación de Pablo Iglesias propone eliminar estos plazos porque que "acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete".

La derogación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, regresa por tercera vez al Congreso, donde todo apunta a que prosperará. El debate parlamentario se celebra el martes por la tarde, y los diputados decidirán si toman en consideración la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción.

El Ejecutivo de Rajoy modificó la LeCrim para limitar los plazos de instrucción, lo que afecta especialmente a las causas complejas como las relacionadas con delitos de corrupción, fraude, terrorismo o crimen organizado.

"Nos encontramos una vez más con uno de esos supuestos en que el legislador dice perseguir un objetivo, siempre loable, pero materialmente el efecto que se consigue es otro, al aplicarse la ley en el mundo real, en este caso en las circunstancias en que se desarrolla el servicio público de la administración de justicia y la labor del poder judicial (...) Quizá el legislador de entonces ignorara la infradotación de medios materiales y personales en la inmensa mayoría de los Juzgados encargados de la instrucción en todo el territorio nacional", señalan desde Unidas Podemos.

La formación 'morada' alega que "acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la situación real de la administración de justicia, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos". Y advierten que "tendrá especial incidencia en las instrucciones más complejas, como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción, y la criminalidad organizada".

Unidas Podemos defiende que la reforma del PP "no impide la denominada 'pena de banquillo' e incluso puede favorecer que el Ministerio Fiscal dirija la acusación contra cualquier persona sin haberse podido completar la investigación de los hechos. La otra opción es el sobreseimiento, con la consiguiente impunidad de hechos entre los que cabe incluir los que previsiblemente se incluirán los de mayor gravedad, sancionados en el Código Penal, al ser los de más dificultosa investigación".

La propuesta de la formación de Iglesias asegura que su propuesta cuenta con el respaldo de seis asociaciones judiciales y fiscales, que "pidieron la suspensión de su entrada en vigor, calificando públicamente la reforma, en un comunicado conjunto, de auténtica 'ley de punto final'".

Dada la aritmética parlamentaria, la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, será respaldada por los 'morados', así como por el PSOE, que también planteó una iniciativa en ese sentido, y probablemente sea apoyada por los 'socios' de investidura del Ejecutivo, con lo que se garantizaría la 'luz verde' del Congreso.

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