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Dos versiones para un mismo informe: el Gobierno dice que avala la amnistía y el PP lo califica de "varapalo"

Didier Reynders, con Bolaños y González Pons
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Didier Reynders, con Bolaños y González Pons (Foto: Comisión Europea)
viernes 15 de marzo de 2024, 19:40h

La Comisión de Venecia ha sacado este viernes un nuevo informe sobre la amnistía en el que señala que la reconciliación social y política podrían legitimar la ley, si bien ha solicitado acotar más su alcance y aprobarla con un mayor consenso. Pero como ya pasara con el borrador del dictamen, el Gobierno y el PP han dado una interpretación diametralmente opuesta: Moncloa piensa que la institución avala la medida de gracia, lo que, en su opinión, demuestra que la norma se está tramitando "con todas las garantías", mientras que los 'populares' aseguran que supone "un nuevo varapalo" para el Ejecutivo.

"Agradezco al PP y al Senado que hayan pedido a la Comisión de Venecia un informe que avala de forma rotunda que pueda existir una ley de amnistía en España para buscar la reconciliación en Cataluña", ha dicho ante los periodistas el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desde Bilbao.

El ministro ha manifestado que la Comisión ha dicho en su informe que la ley "no afecta principio de igualdad", ni tampoco a la separación de poderes, puesto que "los jueces tienen la última palabra". Además, ha remarcado que no hace falta una reforma de la Carta Magna y que con la proposición que se está tramitando "es suficiente".

Eso sí, ha reconocido que carece de un consenso absoluto, por lo que ha animado al PP a que se una, especialmente "ahora que la Comisión de Venecia dice que es constitucional", ha comentado, pese a que el informe no se pronuncia en esta materia ni sobre la idoneidad de la ley.

"Al PP le cuesta llegar a los consensos. Dentro de unos años reconocerá que está siendo un paso decisivo", ha ironizado Bolaños, que ha señalado que "la derecha española llegará tarde, como siempre, pero llegará": "Dirá que fue una gran victoria de la democracia".

La secretaria segunda del Congreso, Isaura Leal (PSOE), también ha resaltado que el dictamen de la comisión indica que la ley es respetuosa con "el principio de igualdad" y que se ha tramitado "conforme a los procedimientos establecidos". "Estamos enormemente satisfechos de esta sesión, en la que ha quedado acreditado que nos encontramos dentro del marco del derecho internacional y dentro del marco del derecho europeo", ha indicado en declaraciones a los periodistas.

Génova dice que Sánchez recibe un "varapalo" con el informe

El PP, por el contrario, señala que el Gobierno ha sufrido un "nuevo varapalo" porque, a su juicio, el informe "no avala" la ley de amnistía y "saca los colores" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según han indicado fuentes 'populares' a diversos medios.

Génova mantiene que la Comisión de Venecia ha metido en el dictamen las alegaciones que ha aportado el Senado, en las que denuncia que la norma abarque "algunos delitos de terrorismo". "La realidad es que rebasa los límites del derecho europeo y denuncia que se vulneran la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial", comenta el PP.

Las mismas fuentes han atacado a los socialistas por "mentir" en su valoración del dictamen. "El Gobierno miente porque quiere hacer pasar por constitucional una ley que lamina uno de los tres poderes del Estado, desactivando la separación de poderes para casos particulares", ha criticado la formación.

"Al problema que el Gobierno tiene con los independentistas se suma el que tiene Félix Bolaños con la verdad", ha dicho también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en respuesta a las declaraciones del ministro de Justicia. "El repaso que le da la Comisión de Venecia al Gobierno de España es histórico y no tiene precedentes", ha manifestado.

En opinión de Gamarra, la ley no la quieren ni "la gran mayoría de los españoles" ni la Comisión: "El mayor logro de Pedro Sánchez fue lograr ayer el abrazo y las carcajadas del independentismo".

El PP también ha subrayado la recomendación de que la norma sea aprobada por mayoría cualificada, no solo absoluta, que a su juicio prueba que "requiere una reforma constitucional que el Gobierno no ha planteado".

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