El Gobierno de Estados Unidos comunica a España que está dispuesto a negociar la limpieza de la contaminación nuclear en Palomares (Almería), provocada por el accidente entre 2 aviones hace 57 años, según han confirmado fuentes del Gobierno a 'RTVE.es'.
La retirada de las tierras, contaminadas hace casi 6 décadas a raíz del accidente de 2 aviones de Estados Unidos en 1966, figurará en la agenda del encuentro que mantendrán el próximo viernes 12 de mayo en la Casa Blanca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario estadounidense, Joe Biden.
El Gobierno ya envió el pasado mes de marzo, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, una petición formal a la Administración Biden para que procediera a la retirada de las tierras contaminadas conforme a un acuerdo no escrito alcanzado en 2015 con Mariano Rajoy en Moncloa y Barack Obama en la Casa Blanca.
En octubre de 2015, con motivo de la visita a Madrid del entonces secretario de Estado, John Kerry, se procedió a la firma con el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, una declaración de intenciones en la que ambos países se comprometieron a una "rehabilitación mayor" del entorno de Palomares y a acometer el traslado de tierra contaminada a un "emplazamiento adecuado" en Estados Unidos.
Pese a dicho acuerdo, en estos años no ha habido avances, lo que llevó al Gobierno actual a retomarlo y pedir formalmente a Washington que cumpliera con lo acordado entonces. La Administración Biden trasladó entonces su voluntad de seguir dialogando sobre la cuestión con el Gobierno español.
Desde entonces se han producido nuevos contactos entre ambos Gobiernos y está previsto que Biden y Sánchez aborden este asunto durante la reunión que mantendrán este viernes en la Casa Blanca. Aunque no han querido confirmar si habrá un anuncio oficial al respecto.
El accidente entre dos aeronaves se produjo en 1966
En plena Guerra Fría, el 17 de enero de 1966, 2 aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un avión cisterna KC-135 y un bombardero estratégico B-52, chocaron en plena maniobra de reabastecimiento de combustible sobre la pedanía de Palomares, en Cuevas de Almanzora (Almería).
A consecuencia de la colisión fallecieron 7 de los 11 tripulantes que llevaban ambas aeronaves y se desprendieron 4 bombas termonucleares que transportaba el B-52, que dejaron contaminadas con americio y plutonio 40 hectáreas de suelo.
El suceso es particularmente recordado por el baño que se dio el entonces ministro de Información del régimen franquista, Manuel Fraga, con el entonces embajador estadounidense en España 2 meses después en la playa de Palomares para enviar un mensaje de tranquilidad a la población, mientras en secreto las autoridades españolas y estadounidenses buscaban contrarreloj las bombas, que no habían estallado.
Voluntad de diálogo de Estados Unidos
Un portavoz del Departamento de Estado ha recordado que Estados Unidos ya llevó a cabo una operación de limpieza tras el accidente de 1966 y desde entonces ha habido contactos en numerosas ocasiones con las autoridades españolas en los que se ha discutido "la posibilidad de una descontaminación adicional del lugar".
"La Administración Biden está abierta a seguir dialogando sobre esta cuestión", ha asegurado el portavoz, que no ha querido confirmar si ha habido nuevos contactos en los últimos meses y si Washington acepta retomar lo pactado en 2015.
La declaración de intenciones que suscribió entonces García-Margallo y Kerry manifestaba la voluntad de ambos países de "negociar, tan pronto como sea posible, un acuerdo" para proceder a una rehabilitacion adicional del entorno de Palomares, sin embargo, dicho acuerdo no se ha llegado a materalizar hasta la fecha.
En ella, España expresaba su deseo de "una mayor rehabilitación del entorno de Palomares" mientras que Estados Unidos manifestaba su deseo de "prestar la asistencia necesaria para lograr este objetivo".
Para ello, los 2 gobiernos debían "negociar un acuerdo vinculante para establecer un esfuerzo cooperativo" para dicha rehabilitación y convinieron en "el depósito de las tierras contaminadas en un emplazamiento adecuado en Estados Unidos".
No está claro quién sufragará el proceso
Sin embargo, el documento, que dejaba claro que no constituía "la creación de obligación jurídicamente vinculante" para ninguna de las partes, no fijaba ningún tipo de plazo de ejecución para las labores de limpieza ni tampoco qué país se haría cargo de la financiación de las mismas.
La única mención al respecto queda recogida en la voluntad expresada de "asignar la responsabilidad financiera y de festión para la ejecución del proyecto de restauración suplementario mediante mutuo acuerdo, basándose en las funciones y responsabilidades" de Estados Unidos y España "determinadas en el acuerdo" que debía firmarse.
En el apartado de consideraciones generales se puntualizaba que "las actividades de cooperación previstas" en dicha declaración "estarán sujetas a la disponibilidad de fondos, personal y otros recursos" de los países.
Hace algo menos de 2 años, el director del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Carlos Sancho, explicó en una jornada técnica que la retirada de la contaminación y su transporte a suelo estadounidense dependía de una decisión política puesto que los aspectos técnicos ya estaban "discutidísimos" con las autoridades norteamericanas que, además, "están de acuerdo".
La ONG Ecologistas en Acción ha celebrado que el presidente del Gobierno español y el mandatario de EEUU vayan a abordar en su reunión del próximo viernes en la Casa Blanca la limpieza del suelo contaminado con plutonio y americio en Palomares, aunque ha avisado de que, "si se produce finalmente un acuerdo", debe incluir la retirada al completo de las tierras radiactivas.
El abogado del colectivo, José Ignacio Domínguez, impulsor del pleito, ahora en el Tribunal Constitucional, para obligar a que se ejecute el Plan de Rehabilitación de Palomares y de la denuncia a la Comisión Europea (CE) para que investigue si hay contaminación fuera del vallado perimetral de seguridad que abarca 40 hectáreas, ha explicado que la declaración de intenciones que suscribieron en 2015 Kerry y Margallo sólo contemplaba retirar 28.000 metros cúbicos y "no los 50.000 metros cúbicos que son realmente".
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