Mientras Más Madrid, Psoe y Unidas Podemos amplían información a la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha iniciado una investigación por el contrato vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en Sol respiran con "tranquilidad". El portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, confía de forma plena en que este órgano judicial no encontrará ningún delito en el contrato de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive S.L.. El portavoz ha recordado y leído parte del decreto emitido ayer por la propia Fiscalía: "los hechos carecen de indicios razonablemente verosímiles". Así, Ossorio asegura que la oposición puede "ampliar toda la información que quiera" pero ellos, "con total tranquilidad" porque han hecho las cosas bien, esperarán a la decisión de la Fiscalía.
Sobre las posibles imputaciones de delitos a la presidenta de la Comunidad de Madrid en base a las denuncias de la oposición, establece este decreto que por ahora son "hipótesis" que no permiten remitir a la Fiscalía del Tribunal Supremo porque no constituyen “indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada".
La literalidad de este decreto es la siguiente: "Las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de Diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ellas relatados, en las que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. No obstante esta falta de concreción, sí resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados."
La izquierda amplía información a la Fiscalía
Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han ampliado este miércoles sus denuncias ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada reclamando que investigue "fraccionamientos" en contratos de emergencia y facturas de la Comunidad de Madrid para compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
En la denuncia de Más Madrid, se expone que existen 4 facturas entre la empresa Priviet Sportiv SL y Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, en el año 2020. Una de ellas tiene "conexión directa con el contrato público de emergencia" a la mercantil Priviet Sportive y la factura al hermano tenía como concepto la Presidenta de la Comunidad de Madrid, tenía como concepto, "sin conocer el literal, la adquisición de mascarillas y el envío desde China a la ciudad de Madrid con una cuantía de 58.850 euros brutos".
Desde el PSOE, la ampliación de la denuncia también está centrada en la "confesión" que hizo el pasado viernes la presidenta de que su hermano se había beneficiado de la adjudicación directa de la empresa de un amigo de ambos. Por eso, solicitan que investiguen las otras tres facturas, ya que solo acreditó una. Piden a la Fiscalía que amplíe el objeto de la investigación para ver si "corresponden o no con el trabajo para que se produjera ese contrato y la transferencia de dinero". También, piden explicaciones con el Transporte y la logística, así como la llegada de material.
"No es muy lógico que en el expediente de un caso como este tienen sellos dobles, con entradas a Ifema y un pago de un vuelo de mercancía similar del 14 de abril de 2020", ha sostenido el portavoz del PSOE, Juan Lobato.
Por su parte, Unidas Podemos se centra en los contratos menores. Recuerdan que por parte de la presidenta se ha puesto de manifiesto que su hermano mantenía "varias relaciones con Priviet Sportiv S.L., que le llevaron a facturar cantidades superiores a la de 55.000 euros. Sin embargo, consideran que esta circunstancia no casaría con el modelo de retribución manifestado, que sería en concepto de actividad económica.
En su caso lo que correspondería es situar a Tomás en la relación laboral especial de Representante de Comercio pudiendo haberse incurrido en responsabilidades derivadas "de una contratación que debiera haber sido laboral y no mercantil, eludiendo el empresario sus responsabilidades de Seguridad Social".
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