Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, JUPOL y SUP, cuestionaron la decisión del Ministerio del Interior de asignar escolta policial a la periodista Sarah Santaolalla.
Esta medida de protección se produce después de que una jueza desestimara la petición de una orden de alejamiento contra Vito Quiles por una presunta agresión.
Las organizaciones sindicales exigieron al ministro Fernando Grande-Marlaska transparencia inmediata sobre los criterios técnicos que motivaron este despliegue.
Sin "constancia de un riesgo grave"
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamaron conocer los informes técnicos que justifican el servicio y si para ello se restaron efectivos de otras unidades operativas que actualmente trabajan con plantillas muy ajustadas.
El sindicato recordó que la protección a particulares solo puede adoptarse cuando existe "constancia de un riesgo grave e inminente" contra la vida o la libertad, tras una valoración técnica de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El SUP subrayó que, dada la información pública disponible, resulta necesario que las autoridades expliquen qué circunstancias concretas llevaron a autorizar un servicio de protección tan excepcional.
Denuncia de agravio comparativo
Por su parte, JUPOL calificó de "absoluto escándalo" la asignación de recursos a Santaolalla, poniendo el foco en la precariedad que sufren las víctimas de violencia de género en España.
El sindicato denunció que existen situaciones donde un solo policía debe encargarse del seguimiento de decenas de mujeres, alcanzando en algunos casos ratios de 1 agente para más de 100 víctimas con protección activa. "Mientras faltan medios para proteger a víctimas reconocidas por la justicia, Interior decide destinar efectivos a escoltas cuya necesidad resulta cuestionable", denunciaron.
JUPOL incidió además en lo que consideran un "abuso de escoltas policiales destinados a la élite política y a determinados perfiles públicos". Recordaron que no es la primera vez que denuncian situaciones similares, mencionando el caso de Leire Díez, a quien calificaron como "presunta fontanera del PSOE" y para quien también se destinaron recursos policiales.
El sindicato reiteró con firmeza que cada agente destinado a "escoltas innecesarias" es un efectivo menos para garantizar la seguridad en las calles y barrios donde realmente se requiere presencia policial.
Además, las relaciones no pueden ser más tensas entre el sindicato SUP y Santaolalla, ya que la organización que querelló contra la periodista por acusar a los policías de "agredir a los manifestantes con la bandera de Palestina" en una protesta en 2025.
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