Anticorrupción ultima ya la solicitud de procesamiento de Esperanza Aguirre en la trama Púnica

La Fiscalía Anticorrupción solicitará antes del próximo verano -el 6 de junio debe haber acabado la instrucción en la Audiencia Nacional- el procesamiento de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por su presunto papel como 'cabecilla' de la trama Púnica.

La 'Cadena Ser' avanza que Aguirre podría ser enjuiciada por presuntos delitos de falsesdad electoral, malversación y prevaricación, entre otros.

Con el precedente de la condena al ex presidente andaluz, Manuel Chaves, sin pruebas directas contra él en el caso de los ERE, la Fiscalía consideraría que hay indicios suficientes de su papel como líder de la trama corrupta de financiación ilegal que benefició al PP de Madrid.

Anticorrupción solicitó el pasado mes de agosto la imputación tanto de Aguirre como de la ex presidenta Cristina Cifuentes en la investigación de la financiación ilegal del PP de Madrid. Y el pasado mes de septiembre el juez Manuel García-Castellón la concretó. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ultima el siguiente paso para que finalmente Aguirre se siente en el banquillo y sea juzgada.

Aguirre fue quien aprobó el cambio de normativa sobre publicidad que beneficiaba al PP, se la relacionaría así con la comisión del 1% exigida a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas y ejerció la presidencia de Fundescam, fundación que habría financiado irregularmente al PP.

Asimismo, el Ministerio Fiscal destaca que cada organismo público investigado en relación a hospitales, ciudad justicia, viviendas, carreteras de la época de su gobierno regional ha revelado inicidios de delitos.

La madrileña ha sido, entre otras cosas, ministra de Educación y Cultura (1996-1999), presidenta del Senado (1999-2002) y presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012) Además, dirigió al PP de Madrid entre 2004 y 2016.

El caso de la operación Púnica se refiere al operativo que en 2014 dio lugar a la detención de 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por una presunta trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros. Como contrapartida, habríanb cobrado comisiones ilegales posteriormente blanqueados a través de un entramado societario. Se supone que David Marjaliza, empresario y ex presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Valdemoro, fue uno de los máximos exponentes de la trama.