Tras las revelaciones realizadas por la directora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, admitiendo que 18 independentistas fueron espiados con autorización judicial, el Gobierno ha reaccionado.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su postura de no comentar secretos oficiales revelados a los pocos diputados que asistieron a las explicaciones de la directora del CNI, pero se han conocido algunas declaraciones realizadas a algunos medios. Por ejemplo, la 'Cadena SER' revela citando fuentes de Moncloa que el Gobierno "ni sabia ni tenía que saber" del caso de espionaje a estos dirigentes catalanes, incluyendo al mismísimo president Pere Aragonès.
El origen de las escuchas se remonta al otoño de 2019, tras la sentencia del 'caso del procés', que condenó a los dirigentes que llevaron a Cataluña al referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia.
Entre los 'espiados' está Aragonès, quien por entonces era vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat, y que tuvo que asumir después de manera interina la presidencia.
Postura del Gobierno
En Moncloa quieren mantener las relaciones con el independentismo, tanto catalán como vasco, tanto para salvar la legislatura como para labrar un vínculo que impida procesos como el secesionista de 2017.
Por ello se desvincula de haber ordenado seguimientos a dirigentes y activistas independentistas, manteniendo la versión que defendió desde el primer día: el Ejecutivo no es responsable de ningún seguimiento ni intervención a móviles y dispositivos electrónicos.
No dio la orden, y lo mantiene en la duda: fue un seguimiento a través del y con posible origen en el CNI, o por una causa judicial abierta, como la que existe desde 2019 contra el colectivo 'Tsunami Democràtic' por varios presuntos delitos tras las revueltas callejeras por la sentencia del procés.
El Gobierno insiste en que "ni sabia ni tenía que saber" a qué personas se realizaba el seguimiento ni por qué lo justificaba el juez que lo autorizó desde el Tribunal Supremo.
En cuanto a la petición de desclasificar la información que facilitó la directora del CNI ayer en el Congreso, solicitado por Unidas Podemos y los independentistas, el Ejecutivo no se cierra a esta posibilidad. Pero también sostiene que los diputados ya han filtrado casi toda la información que no deberían haber revelado y que pocos secretos faltan por contar.
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