El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona admitió a trámite la querella presentada por la asociación Sentinel Alliance contra 2 ex directores de la Guardia Civil.
La denuncia también se dirige contra la ex directora del CNI, Paz Esteban, y varias empresas tecnológicas, como la israelí NSO.
Los delitos investigados son el descubrimiento y la revelación de secretos informáticos, así como el acceso ilegal a sistemas informáticos mediante los 'software' Pegasus y Candiru, según informaron fuentes jurídicas a 'La Sexta', que informa sobre esta noticia.
Los denunciados
Con esta decisión, la jueza Miriam de Rosa Palacio investiga por primera vez a 2 exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo.
La querella se dirige específicamente contra Félix Vicente Azón, que fue director de la Guardia Civil entre 2018 y 2020, y contra su sucesora hasta 2023, María Gámez.
Paz Esteban, ex directora del CNI, ya ha sido imputada en otras 4 causas, y también se investiga a directivos de la empresa israelí NSO, comercializadora del 'software' Pegasus.
Espionaje al independentismo catalán
Fue en 2023 cuando un juez de Barcelona admitió a trámite la querella de Pere Aragonès por el presunto espionaje del que fue víctima con el programa Pegasus. En esa ocasión, el juez acordó citar como investigada a Paz Esteban.
En la misma línea que el auto de la magistrada de Barcelona, el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona sostuvo que los hechos denunciados por Pere Aragonès en su querella presentaban características que hacían "presumir la posible existencia de infracciones penales". Los delitos señalados en su querella eran intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y delitos contra los derechos fundamentales.
En junio de 2022, Aragonès ya se había querellado contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y contra NSO, la empresa israelí propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus. Sin embargo, en aquel momento el caso se inhibió a la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, que consideró a este tribunal competente por tratarse del presidente catalán, una alta institución del Estado.
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