Guerra interna en el PP: le toca a la EMVS depurar responsabilidades

El Partido Popular vive uno de los momentos más difíciles de su historia. El equilibrio de poder se fractura entre la orilla de Génova y la de Sol. A un lado, Isabel Díaz Ayuso, que defiende su honradez política y la legalidad de las acciones de su hermano.

Al otro, la Dirección Nacional, que amenaza con tomar medidas legales y con abrir un expediente informativo contra una de las mayores figuras populares del país. El enfrentamiento no tiene visos de resolverse de forma agradable para los dos bandos y el resultado es imprevisible: o sale victoriosa Díaz Ayuso o sale victoriosa la Dirección Nacional o fracasan los dos.

Fuentes cercanas a Génova revelan que las posibles y presuntas irregularidades con el contrato de abril de 2020 eran conocidas por "todos los barones" populares desde el principio. Añaden que esta situación ha generado "mucho daño al partido" y que están "hartos de aguantar en entrevistas, declaraciones y actos de campaña acusaciones por parte del entorno de Isabel Díaz Ayuso".

En este sentido, la postura en el cuartel general de los populares es hoy irreconciliable con la presidenta regional: la tesis de que su hermano participó de forma irregular de un contrato público cobrando una comisión de 286.000 euros es firme. El espionaje, en cambio, lo desmienten, a pesar de la dimisión de Ángel Carromero. El hasta ayer coordinador general de la Alcaldía de José Luis Martínez Almeida ha sido señalado como una figura clave en la presunta operación de investigación a Tomás Díaz Ayuso, una operación que habría intentado pasar a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo para contratar a una agencia de detectives.

"Estamos hartos de aguantar acusaciones del entorno de Ayuso"

Desde el entorno de Díaz Ayuso, en cambio, algunas voces se elevan de forma muy diferente. Según estas fuentes, la mera idea de que el hermano de la presidenta haya podido participar como comisionista de un contrato público es absurdo y supone "una excusa" para intentar destrozar su figura. Además, señalan como única razón de este movimiento de la Dirección Nacional a la voluntad de Teodoro García Egea de "querer controlarlo todo y gobernar sobre todos". Aquí se refieren estas voces a que Génova estaba en contra de la voluntad de la dirigente regional de convertirse en la presidenta del Partido Popular de Madrid.

Fuego cruzado

La versión de la presidenta regional es tajante. Su hermano tuvo una relación comercial con la empresa Priviet Sportive S.L., que fue adjudicataria de un contrato en abril de 2020 por un valor de 1,5 millones de euros. Esta relación siempre había sido negada por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin embargo, ayer Díaz Ayuso sorprendió confirmando que sí hubo vinculación entre Tomás Díaz Ayuso y el contrato. Aquí, defiende que no hubo ninguna intermediación con su hermano y que él actuó con total legalidad ya que "todo está presentado y declarado ante Hacienda".

"Lo del contrato del hermano es una excusa"

Para la Dirección Nacional, en boca del secretario general Teodoro García Egea, los indicios de que pudo existir alguna irregularidad con ese contrato y con el hermano de Díaz Ayuso son lo suficientemente grandes como para estudiar medidas legales e iniciar un expediente informativo interno contra la dirigente regional después de meses reclamando esa información. Además, los calificativos han alcanzado niveles nunca antes expresados en público.

Según García Egea, tener buenos resultados electorales no exime a ningún miembro o cargo del partido del deber de lealtad y no puede soportar ningún ataque más contra su honorabilidad ni contra la reputación del partido.

El Partido Popular ha perdido su unidad, al menos en lo que a Madrid se refiere. Existen diferentes escenarios, cada uno condicionado a la capacidad de demostración y de pruebas que se puedan aportar. La Dirección Nacional pide ahora de forma pública que la Comunidad de Madrid muestre documentación sobre la relación comercial de Tomás Díaz Ayuso y, según las fuentes consultadas, este requerimiento será constante y de obligado cumplimiento en virtud del expediente informativo que se iniciará contra la jefa del Ejecutivo regional.

En cuanto a Díaz Ayuso, usa la táctica contraria. El desafío a la cúpula de su partido a que le encuentren alguna irregularidad está lanzado. Para ella, está en juego no solo su honorabilidad sino también la de su familia, un asunto que ella siempre ha defendido con uñas y dientes cada vez que la polémica se ha posado sobre alguno de sus miembros, tanto con su padre y el crédito de Avalmadrid, como ahora, de nuevo, con su hermano.

En este contexto, donde ninguna facción cederá en el pulso hasta el final, el Partido Popular se juega su futuro no solo en Madrid sino en España. Si la tesis de Pablo Casado junto a la Dirección Nacional prevalece, el daño en Madrid será muy difícil de reparar, aún con más de un año por delante para las elecciones. Si es Isabel Díaz Ayuso la que consigue demostrar la legalidad de las acciones de su hermano en cuanto al polémico contrato público, el liderazgo de Casado y de García Egea quedaría hundido y dejaría un hueco enorme en la cabeza del partido, en un momento difícil teniendo en cuenta la votación de la reforma laboral, las elecciones de Castilla y León y el futuro de la relación con Vox.

Seis meses de discordia

La relación entre Casado y Díaz Ayuso cambia de rumbo en septiembre de 2021, cuando la dirigente regional anuncia de forma sorpresiva su intención de liderar el Partido Popular en Madrid, su plaza más fuerte. Aquella decisión sentó muy mal en la Dirección Nacional ya que la acusaron de no haber consultado ni avisado. En un primer momento, se introdujo la idea de crear una bicefalia con Isabel Díaz Ayuso, modelo al que denominaron "la tercera vía".

Sin embargo, para el entorno de la presidenta esto no era viable y se comparó con otros dirigentes como Feijóo o Juan Manuel Moreno Bonilla que acumulaban la presidencia de sus Comunidades Autónomas y de las direcciónes regionales de su partido. En ese entonces fue cuando comenzó a pedir la celebración "cuanto antes" del congreso de Madrid, algo que Génova quiso dilatar en el tiempo para acabar fijando la fecha en el primer semestre de 2022, sin especificar. Un momento reseñable fue cuando Díaz Ayuso viajó a Estados Unidos y volvió el último día de la convención nacional del partido.

Ya en octubre, se produjeron los desencuentros entre la presidenta y García Egea, a cuenta de los bloqueos en Whatsapp y los rumores cada vez más encendidos de "guerra interna" del partido. Ante esta situación, tanto desde Génova como desde Sol acordaron firmar una tregua, rota desde ayer.

La oposición acude a la Fiscalía

Ante la fractura de la unidad del Partido Popular y la posibilidad de que haya podido existir alguna irregularidad con el hermano de la presidenta, la oposición se mueve. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos presentarán mañana, casi al mismo tiempo, una denuncia ante la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para exigir que investigue si en la Comunidad de Madrid se "reparten contratos a dedo" entre familiares.

La izquierda madrileña tacha de “absoluta vergüenza” estas “guerras internas, espionajes y utilización de fondos públicos con motivos espurios” para repartirlos “en forma de contratos en familiares y amigos”. De hecho, también han registrado las tres formaciones una comisión de investigación para analizar las posibles irregularidades en los contratos celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con el Covid-19 en la Comunidad de Madrid.

La investigación en el Ayuntamiento

Las aguas revueltas de Génova, 13 han inundado también Cibeles, donde se ha ahogado la figura política de Ángel Carromero. La relación entre José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís tampoco ha salido indemne y ha quedado tocada, pero no hundida. La guerra interna del PP salpicó al Ayuntamiento de Madrid con la vinculación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en la presunta trama de espionaje del Partido Popular al entorno de Isabel Díaz Ayuso.

El director general de la Coordinación de la Alcaldía habría utilizado, supuestamente, esta empresa pública para contratar al detective que debía indagar en las cuentas de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional. Una operación que el alcalde ha negado de manera taxativa, pero cuyas explicaciones no han convencido a su socia de coalición.

Fuentes de Ciudadanos trasladan a Madridiario no tener “ninguna documentación”. Nadie les ha facilitado ningún dossier del caso y esperan que González la aporte mañana. Confirman, además, que el vicepresidente de la EMVS, Mariano Fuentes, habló a lo largo del día de ayer con el delegado ‘popular’, aunque circunscriben esta llamada a la propia convocatoria del consejo. A la mesa se sentarán ambos, así como el consejero delegado, Diego Lozano, el secretario, Carlos Medina, y los consejeros: Paloma García Romero (PP), Silvia Saavedra (Cs), Pepe Aniorte (Cs), Paco Pérez (Más Madrid), Arantxa Cabello (Vox) y José Manuel Calvo (Grupo Mixto).

Carromero y el papel de la EMVS

Según ha informado El Mundo, Álvaro González habría coordinado el interrogatorio y careo del trabajador de la EMVS que habría contactado, a petición de Génova y con Carromero mediante, con el Grupo de Investigación Mira para que buceara en las datos bancarios y fiscales del hermano de Ayuso, una práctica ilegal. Tras ser advertido por el exalcalde y exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón de este suceso, José Luis Martínez-Almeida se comprometió, según sus palabras, a “hacer todas las averiguaciones”.

Las mismas consistieron en sendas conversaciones con los señalados: el trabajador de la EMVS, el espía y Ángel Carromero, su mano derecha y peón, a su vez, de Pablo Casado en el Consistorio. Los tres negaron las acusaciones y ahí concluyó la inspección.

“Hemos demostrado con esta investigación que llegamos hasta el final de nuestras posibilidades para averiguar la verdad”, defendió el también portavoz nacional del Partido Popular. El procedimiento, no obstante, no solo no ha convencido a la oposición, sino que ha sido ridiculizado por la izquierda y cuestionado por el otro brazo del Gobierno local.

Ángel Carromero, coordinador de la Alcaldía de Almeida

Sí fue más tajante el primer edil matritense con el futuro del cargo de Cibeles que no demostrara una conducta “ejemplar”, posando sobre la cabeza del propio Carromero la amenaza del cese si se probara su vinculación, o la de cualquier otro, con “algún tipo de gestión conducente a obtener información” sobre los familiares de su ‘partner’, que se cree las explicaciones de su compañero de filas.

No ha sido necesario ejecutar la advertencia, al menos de puertas para afuera, pues el sospechoso se ha auto-despedido, convirtiéndose en la primera víctima de la trama. Su renuncia con efecto inmediato llegó apenas una hora después de que una nueva noticia de El Confidencial lo colocara al frente de otro espionaje paralelo a dos exparejas de Isabel Díaz Ayuso.

No parece peligrar, al menos por ahora, la continuidad del Gobierno de la ciudad, aunque este episodio “no ayuda” a Villacís a confiar en Almeida. “Ruptura de la confianza es un término muy grave”, afirmó, pero esta sí se ha minado. Eso ya no lo desmintió.

Desde Cs han pedido toda la documentación que el PP, con “ventaja”, ha estudiado durante dos meses. Revisarán, al igual que Más Madrid, PSOE, Vox y el Grupo Mixto, cada contrato menor y después llegará el turno de que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo pase examen en una comisión de investigación solicitada por Recupera Madrid que se presume cuente con el apoyo unánime de los grupos tras afirmar la portavoz municipal y ‘popular’ Inmaculada Sanz que están “a favor de cualquier iniciativa que pueda contribuir a esclarecer los hechos”. “Por parte del Ayuntamiento no hay nada que ocultar”, zanjó.