La guerra del PP pondrá a prueba la lealtad de los 'ayusistas'

La crisis que se presume definitiva entre Isabel Díaz Ayuso y la Dirección Nacional del Partido Popular deja un horizonte incierto para la dirigente regional. La apertura de un expediente informativo y el estudio de medidas legales contra la presidenta de Madrid por parte de Génova generan especulaciones y escenarios complicados sobre su futuro. Si el partido decide su expulsión, la lealtad de los 64 diputados del PP en la Asamblea de Madrid se pondrá a prueba, ya que tendrán que decidir entre apoyarla u obedecer a la Dirección Nacional.

La práctica de la política se escapa, en ocasiones, al cálculo y a la medida exacta. En el contexto de una crisis como la que sufre ahora el Partido Popular, las decisiones tomadas en público o en privado, los matices y los detalles marcan la resolución del problema. Sin embargo, algunas certezas se refugian en los reglamentos parlamentarios y no obedecen a las voluntades políticas.

El primer escenario, hoy improbable, es el de la reconciliación entre Sol y Génova. En este caso, nada cambiaría, la presidenta seguiría gobernando con su mayoría en la Asamblea de Madrid. El segundo es el de la suspensión de militancia de Díaz Ayuso del partido “que le ha dado todo”, según Pablo Casado. Si esto ocurriera, la presidenta mantendría su escaño dentro del Grupo Parlamentario Popular, siempre que siguiera gozando de la confianza de sus 64 compañeros de bancada. Es decir, en caso de que el grupo parlamentario, a través de su portavocía, decidiera que la jefa del Ejecutivo no tiene la confianza suficiente podría ser expulsada y pasar a ser una diputada no adscrita. Aún conservando el Gobierno.

Así lo regula el artículo 43 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Aún así, para que esta opción se materialice, es necesario que los compañeros de escaño de Díaz Ayuso se sometan a un ultimátum por parte de la Dirección Nacional, en el que se pondría en juego la obediencia al partido para seguir en él o la lealtad a la presidenta. Este escenario podría crear una situación insólita en la democracia madrileña y española. “Podría pasar que de los 65 diputados que tienen, 15 se quedaran en el PP y 50 se fueran con Ayuso. El principal partido sería ninguno, serían no adscritos”, asegura una fuente parlamentaria de la oposición.

Los ánimos en los escaños del PP

Los protagonistas del conflicto en el Partido Popular son Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y Teodoro García Egea. Pero los afectados son muchos más. Según la versión oficial en la Asamblea, enarbolada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, “hay que demostrar la culpabilidad, no la inocencia”, cuestión en la que asegura confiar de forma plena. Pero la tensión existe y es innegable. El nerviosismo entre los diputados azules se palpó el pasado jueves, día en que los teléfonos no dejaron de sonar y en que los asientos quedaron vacíos de forma intermitente.

Un termómetro aplicable al apoyo que tiene la presidenta de Madrid dentro de su grupo fueron las manifestaciones públicas en redes sociales de los diputados. El hashtag #YoConAyuso fue usado por muchos de sus compañeros pero no por todos. Al punto de que desde la oposición, el diputado de Más Madrid Javier Padilla elaboró una lista de aquellas personas que usaron el hastag y de los que no.

Redes aparte, los 64 diputados del Partido Popular mantienen por ahora una imagen de unidad en su apoyo a Díaz Ayuso. Sin embargo, este apoyo no ha sido puesto a prueba todavía. Un momento muy gráfico vivido el pasado jueves fue cuando la presidenta llegó al Parlamento regional al final de la sesión y fue aplaudida de forma intensa en dos ocasiones por su grupo, aunque no por la totalidad. Cargos como Enrique López, consejero de Justicia y secretario de Justicia e Interior del partido a nivel nacional, estuvo alejado del tumulto, debido a que se encontraba inmerso en una conversación telefónica en ese momento.

Ayuso y la presidencia

La condición de diputado es indispensable para poder ejercer la presidencia de una Comunidad Autónoma. El acta de un parlamentario es personal e intransferible y corresponde a su titular el desprenderse de ella. Así, Isabel Díaz Ayuso tiene asegurado mantenerse en el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre y cuando ella no decida abandonar dicha acta, sin importar lo que ocurra con su grupo y su relación con el partido a nivel nacional.

De hecho, según el Reglamento, un diputado puede abandonar el grupo parlamentario con el que concurrió a las elecciones para pasar a los no adscritos pero nunca podría volver a integrarse en un grupo diferente. Es decir, en el caso de que algún otro partido quisiera “acoger” a la presidenta en la hipotética situación en que llegara a ser no adscrita, sería imposible llevarlo a cabo. Las únicas maneras para que la presidenta dejara de serlo antes de que acabara la legislatura sería mediante una moción de censura o de confianza, herramientas parlamentarias que ahora mismo están descartadas.

La oposición observa y especula

Desde la oposición, sobre todo desde la bancada de la izquierda, miran con expectación la crisis del Partido Popular. “No creo que vaya a producirse una posición unánime por parte del grupo popular, habrá algunos que querrán permanecer en el partido y habrá otros que opten por mantenerse junto a Ayuso”, explican algunas fuentes parlamentarias que analizan desde lejos la situación. Aseguran estas voces que es imposible discernir la voluntad de 64 personas, algunas con una trayectoria de más de 20 años como diputados.

“Esto habría afectado de la misma forma en cualquier partido, se nota la tensión”, explica esta fuente que señala una realidad que afecta a los complementos retributivos de los diputados. Según las normas de la Asamblea de Madrid, si un diputado pasa a ser no adscrito pierde de forma inmediata todos los cargos electos de las diferentes comisiones y órganos estatutarios de la cámara que ha conseguido gracias a su grupo parlamentario. “Perdería todos los cargos obtenidos dentro del Parlamento de forma automática”, indican, lo cual supondría una pérdida de ingresos muy considerable. El salario bruto de un diputado es de 3.553,73 euros al mes pero esta cifra se incrementa en función de la participación en los diferentes órganos de la Asamblea. Así, el complemento para el portavoz de un grupo en una comisión es de 864 euros, el de un presidente de una comisión de 691 y el de la participación en las juntas de portavoces de 1.486,69 euros al mes, entre otros conceptos y funciones. De momento, todo son conjeturas. Hagan sus apuestas...