Imputados por el 'caso Tsunami' denuncian que García Castellón prorrogó la investigación fuera de plazo

Varios de los imputados en el 'caso Tsunami', entre ellos la dirigente de ERC Marta Rovira, han denunciado ante el Tribunal Supremo que el plazo de investigación expiró el 29 de julio de 2021 sin que nadie fuera llamado a declarar por los hechos, tampoco el ex presidente catalán Carles Puigdemont, así que, alegan que la causa debe decaer.

En su opinión es una cuestión "relevante" en la tramitación de la causa que, han destacado, se encuentra "ausente" en la exposición razonada que el juez Manuel García-Castellón mandó al Supremo para que investigase por terrorismo a Puigdemont cuando, según las defensas, afecta directamente a los derechos fundamentales de los investigados ytendría que terminar en el archivo de la causa.

Así lo han expuesto en un texto, en el que piden al Supremo que devuelva el caso a la Audiencia Nacional, un órgano judicial que, indican, tampoco tiene competencia para investigar o enjuiciar a los aforados implicados en este caso: el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el diputado catalán, Rubén Wagensberg.

Utilizando algo que ya usó alguna otra defensa en escritos remitidos a la Audiencia Nacional, los investigados quieren destacar la supuesta infracción de los plazos de instrucción en este caso, que, según sus cálculos, terminaron el 29 de julio de 2021, de modo que todas las diligencias acordadas más tarde "no son válidas".

Fuera de plazo

Han planteado que el auto del juez García-Castellón prorrogando la instrucción estaba fehada en el 30 de julio y fue firmada el 2 de agosto, días, en los que ya se había cumplido el plazo.

También apuntan a que ninguno de los investigados había comparecido ante el juez antes de ese 29 de julio, cuando la causa todavía no estaba dirigida contra Puigdemont.

La consecuencia de todo ello, según los abogados, es que "no es posible dirigir el procedimiento" contra el ex presidente catalán y líder de Junts en el Supremo.

Como fundamento de su tesis han solicitado al alto tribunal que pida al juez Manuel García-Castellón toda una serie de resoluciones dictadas a lo largo de estos años, desde que comenzó la causa, el 30 de octubre de 2019.

El texto compartido viene remitido por las defensas de la secretaria general de ERC, Marta Rovira; del ex conseller de ERC Xavier Vendrell; de Josep Lluís Alay, asesor de Puigdemont; del dirigente de Ómnium Cultural Oleguer Serra y de los empresarios Marta Molina y Oriol Soler.