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Nueva polémica con el informe corregido de la Guardia Civil, que insiste en que se obvió el riesgo del coronavirus ante el 8-M

Nueva polémica con el informe corregido de la Guardia Civil, que insiste en que se obvió el riesgo del coronavirus ante el 8-M
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(Foto: José Manuel Franco (Twitter))

> Los agentes consideran que la Delegación del Gobierno en Madrid conocía los riesgos desde mediados de febrero
> El documento insinúa, sin pruebas, que Fernando Simón les ocultó información relevante y cuestionan su labor

jueves 04 de junio de 2020, 16:08h

Los agentes de la Guardia Civil que operan como policía judicial en el caso del 8-M a instancias de la juez Carmen Rodríguez-Medel han reelaborado el informe en que acusaban al Gobierno de prevaricación y poner en riesgo la salud pública al permitir las manifestaciones feministas del 8-M cuando el coronavirus ya estaba circulando en España. No obstante, esta nueva versión, en la que insisten en la misma conclusión, vuelve a estar rodeada de polémica.

Si en el primer informe se detectaron errores, mentiras y tergiversaciones -además de provocar la destitución del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos-, este segundo no se queda a la zaga.

Los agentes de la benemérita incluyen ahora un vídeo 'off de record' con opiniones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la menor afluencia a las convocatorias del 8-M y duras acusaciones contra Fernando Simón, al que la magistrada ha rechazado imputar ya en varias ocasiones.

El informe de la Guardia Civil desvelado entre otros medios por 'El País' insinúa, sin pruebas, que Simón les oculta información para su investigación apoyándose en un retraso en la entrega de la documentación solicitada al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), y en el hecho de que en el conjunto de datos aportados no se incluyeran correos electrónicos de los directivos, incluidos el de Simón.

Asimismo, los agentes cuestionan que el CCAES no difundiera una alerta europea el 2 de marzo, pese a que ese mismo día tuvieran lugar reuniones en las que se analizó la posible transmisión comunitaria del virus en España. 'El Mundo' informa de que Fernando Simón no lo envió a las comunidades autónomas ni lo habría discutido en el Consejo Interterritorial de Sanidad, pese a que desde la Unión Europea se recomendase evitar "actos multitudinarios" así como impedir "concentraciones masivas innecesarias".

Critican también, tal y como apunta 'El Correo', que no se realizara ningún control preventivo a los asistentes a los eventos con gran afluencia celebrados entre los días 5 y 14 de marzo, pese a que el 27 de febrero el CCAES publicara un informe titulado 'Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus' en el que se ponía el foco sobre la atención que se debía prestar al posible papel transmisor de los asintomáticos que hubieran tenido contacto con un positivo, recomendando limitar las actividades sociales o los viajes no esenciales.

Además, los agentes sostienen que el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, -único imputado en la causa acusado de un delito de prevaricación tras descartarse su imputación por un delito contra la salud pública- era conocedor de los riesgos de la covid-19 incluso tres semanas antes de la celebración de la marcha feminista del 8-M que fue autorizada en la Comunidad de Madrid.

Los investigadores sostienen que el jefe de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno admitió en los interrogatorios que desde principios de febrero empezaron a recibir información relacionada con el coronavirus. A partir de ese momento se habrían tomado medidas de prevención relacionadas con la higiene y el distanciamiento social de uno o dos metros, hasta desembocar en un protocolo específico el 28 de febrero.

Un dato que consideran que debía haber servido a las autoridades para prohibir la manifestación del 8-M.

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