El Congreso de los Diputados vivió ayer martes una jornada de alta tensión y crispación parlamentaria durante el debate de una iniciativa sobre salud sexual.
La líder de Podemos, Ione Belarra, presentó una queja formal ante la Mesa de la Cámara tras denunciar que la diputada de Vox María Caridad Mejías la llamó "viciosa" mientras regresaba a su escaño.
Belarra ha exigido que se adopten "las medidas adecuadas" para reprobar este comportamiento, lo que ha derivado en un nuevo cruce de acusaciones personales que obligó a intervenir a la Presidencia del Congreso.
Respuesta de Vox
La respuesta de Vox no se hizo esperar, solicitando que se retiren del diario de sesiones las descalificaciones vertidas previamente por la ex ministra.
Todo porque Belarra, durante su intervención, calificó al partido de Santiago Abascal de "racista" y les acusó de "defender a pederastas".
Este clima de confrontación empañó el debate de una proposición no de ley impulsada por la formación morada, que busca reformar la Ley de salud sexual y reproductiva para "blindar" la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los centros educativos del país.
Educación sexual frente a "adoctrinamiento"
En la defensa de su propuesta, Belarra sostuvo que la educación sexual es sinónimo de "libertad" y una herramienta fundamental para prevenir agresiones, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Para financiar su implantación intensiva, Podemos propuso crear un gravamen específico a las plataformas digitales que, en palabras de la diputada, "extienden el odio y el machismo". La iniciativa contó con el respaldo de ERC y Sumar, mientras que otros socios de investidura como el PNV, EH Bildu y JxCat, aunque coincidieron en el fondo, pusieron reparos por la posible invasión de competencias autonómicas.
Desde la bancada del Gobierno, el PSOE respaldó el espíritu de la reforma, pero matizó que la legislación vigente ya recoge estos contenidos, situando el problema en la falta de un cumplimiento efectivo en las aulas. Por su parte, el PP se opuso a la medida argumentando que no aporta novedades y defendiendo el derecho constitucional de los padres a decidir sobre la formación moral de sus hijos. Vox fue más allá al tildar la propuesta de un intento de "adoctrinamiento" ideológico, posicionamiento que sirvió de antesala al posterior altercado verbal entre Belarra y Mejías.
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