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Juicio del procés: La Generalitat pretendía pedir 11.000 millones a China para financiar la república catalana
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(Foto: Pool oficial CGPJ / Tribunal Supremo)

Juicio del procés: La Generalitat pretendía pedir 11.000 millones a China para financiar la república catalana

jueves 21 de marzo de 2019, 17:17h
Nuevas revelaciones sobre los planes de la Generalitat catalana en el procés soberanista catalán. En el juicio en el Tribunal Supremo, un cabo de la Guardia Civil ha desvelado el plan de financiación elaborado por la Generalitat para subsistir una vez declarada la independencia y proclamada la república. Según los cálculos del Govern de entonces, se requerirían 22.800 millones, de los que 11.000 se iban a solicitar a China.

El Govern de Carles Puigdemont preveía recaudar 22.800 millones de euros para financiar la república catalana tras la declaración de independencia. Así se desprende del testimonio del cabo de la Guardia Civil que participó en la investigación en la que se incautó el 'pen drive' del ex secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, que contenía el supuesto plan de financiación.

Los líderes soberanistas pretendían que 11.000 millones procederían de China, a quien solicitarían financiación. Se preveía ingresar otros 4.500 millones de ingresos del sector público, otros 6.000 de los ayuntamientos y 1.300 de impuestos propios. Este plan estaba diseñado para que la república 'comenzase a implementarse'.

"Había muchísima información. Sobre aduanas, catastros, agencia tributaria, hoja de ruta; había una preocupación muy grande por cómo sobrevivir después de la independencia", ha declarado el guardia civil.

Era un plan de la Hacienda catalana hasta conseguir la creación de una estructura administrativa propia como un país independiente, y los acusados contrataron a la empresa IBM para que elaborase un programa informático con ese fin. Según el testimonio del guardia civil en el juicio del procés, la empresa aportó a la investigación una factura de 240.000 euros por ese servicio.

Su testimonio aporta nuevas sospechas de un delito de malversación más allá del presuntamente cometido en la organización del referéndum soberanista del 1-O.

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