La dirigente de Junts Laura Borrás ha quedado este jueves apartada del cargo, en concreto 'suspendida', como presidenta del Parlament y diputada del mismo.
Es la consecuencia de negarse a su renuncia voluntaria con una retirada temporal del puesto, como le solicitaban sus socios, Esquerra Republicana, para resolver sus asuntos judiciales y regresar posteriormente.
La decisión la ha tomado la Mesa del Parlament, en la que el control depende de los partidos independentistas, que obtuvieron en suma mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas.
Borrás se negó a la renuncia porque consideraba que era plegarse a la Justicia en un caso donde cree que está siendo perseguida por su ideología independentista.
Tras conocerse la noticia, Borrás ha explicado en una rueda de prensa que consideraba que no estaba obligada a dimitir y que sus compañeros de mesa, en referencia a los diputados de otros partidos, han actuado como "jueces", dejando de lado su presunción de inocencia.
Piden 6 años de cárcel
Este mes sabíamos que la Fiscalía remitía un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que solicitaba una pena de 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlament por adjudicar presuntamente contratos a dedo a un amigo en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
En consecuencia, este pasado martes el TSJC abría oficialmente juicio oral contra Borrás, que se vio obligada a dimitir o suspender temporalmente su presidencia del Parlament.
El Ministerio Público acusa a la presidenta del Parlament de delitos de malversación y falsedad en documento mercantil por fraccionar los contratos de la institución para concedérselos a su amigo sin el preceptivo concurso público. Solicita la misma pena para Herrero, acusado de los mismos delitos.
La Fiscalía exime en cambio a Borrás de los delitos de malversación continuada y fraude, por los que fue procesada por el TSJC, al considerar que no se puede acreditar que estos contratos "tuvieran un coste inferior al realmente satisfecho por la Institució de les Lletres Catalanes".
En el escrito remitido al tribunal, se expone que Borrás abusó de sus funciones como directora de la ILC al adjudicar estos contratos "sin justificar que se tratara de la propuesta más ventajosa", y señala que era "plenamente conocedora de que detrás de ellos se escondía" su amigo.
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