El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ley de publicidad institucional con la que se va a prohibir a los medios recibir más de un 35% de sus ingresos totales de publicidad de las administraciones públicas. La norma es parte del plan de regeneración democrática del Gobierno y ha causado polémica.
Lo que busca el Gobierno es minimizar el control político de los medios de comunicación, sobre todo a nivel regional y local que reciben buena parte de su financiación de las administraciones públicas. La dependencia de la publicidad institucional es un peligro para la libertad de expresión y prensa.
El Gobierno ha tenido dudas con la normativa y en borradores anteriores la intención era colocar el umbral de la prohibición en el 30% de los ingresos procedentes de la publicidad institucional, de acuerdo con 'El País'. Pero el Ejecutivo ha retomado la normativa en un momento en el que Pedro Sánchez se está lanzando al contraataque contra los pseudomedios que logran sobrevivir en gran medida por los fondos públicos de las administraciones.
Cumpliendo con la nueva normativa europea
Con esta ley, el Gobierno cumple con la nueva normativa europea, que fuerza a los medios de comunicación a hacer pública la cantidad de publicidad institucional que obtienen. En Bruselas están preocupados que los fondos públicos, que pueden ser fundamentales para la supervivencia de algunos medios, se otorguen de forma "discriminatoria" y que se utilicen por parte de los gobiernos para comprar voluntades.
El reglamento europeo, que se aprobó en mayo de 2024, demanda el respeto a una serie de principios en la asignación de los fondos públicos para publicidad institucional: "Criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposición del público de antemano por medios electrónicos y fáciles de usar, mediante procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios".
Además, lleva la obligatoriedad de que los medios de comunicación hagan público quiénes son sus propietarios. En concreto, van a estar obligados a difundir "el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública". La motivación de la UE es evidente: que los lectores, oyentes o espectadores sepan claramente qué intereses pueden encontrarse detrás de la información que reciben.
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