La futura ley del aborto pretende facilitar el aborto a todas las mujeres que lo deseen en un hospital público y por ello Irene Montero, ministra de Igualdad, considera "imprescindible" la regulación de la obeción de conciencia de los médicos porque "no puede quedar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo".
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ante las declaraciones y propuestas efectuadas por la Ministra de Igualdad, ha manifestado en un comunicado que dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario es una mala solución que resulta "inaceptable, ilegal e injusta" y que han de ser los Servicios de Salud y Servicios Sociales los que deben de realizar bien su labor y gestión para garantizar que las mujeres que se vayan a someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo cuenten con el apoyo apropiado.
La corporación médica subraya que la objeción de conciencia del personal sanitario es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias. La garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible y sea accesible, trasciende el ámbito individual, se articula a través de las redes sanitarias, y tiene como protagonistas a los gestores, más que a los médicos/as.
En muchas prestaciones de la cartera de servicios es difícil asegurar la misma accesibilidad en todas las poblaciones; en ocasiones, incluso resulta conveniente centralizar procesos o procedimientos por razones de calidad y eficiencia, señalan en el comunicado.
En el caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) indican que se identifican situaciones de baja accesibilidad; dado que se trata de procedimientos quirúrgicos normalmente ambulatorios, el que puedan prestarse localmente dependerá de una adecuada organización de los servicios sanitarios.
Resaltan que forzar la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles en todas las poblaciones, lo que además de inconstitucional es una mala solución, que desde la perspectiva de la profesión médica se considerarían inaceptable, ilegal e injusta.
Consideran que la mejor opción es forzar a que los servicios de salud y los servicios sociales hicieran bien su trabajo y pusieran medios para que las mujeres que han de someterse a un IVE, tengan el apoyo apropiado en el caso de que sea necesario desplazarse. Por otra parte, señalan que en pueblos y ciudades pequeñas no es fácil mantener la obligada privacidad, por lo que una cierta concentración en la prestación de estos servicios podría tener un efecto protector para la intimidad de las mujeres.
Critican que dificultar la objeción de conciencia en este asunto a los sanitarios coloca a los médicos en la diana de la contrariedad de los pacientes y de sectores de la sociedad, cuando no tienen la culpa, y cuando las oportunidades de solucionarlo las tienen otros.
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