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Montero promete poner fin este mismo lunes a la crisis del impuesto de plusvalía
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(Foto: Moncloa)

Montero promete poner fin este mismo lunes a la crisis del impuesto de plusvalía

lunes 08 de noviembre de 2021, 08:47h

Tras unos días convulsos por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía que servía a los municipios para financiarse, el Gobierno promete ponerle fin a esta pequeña crisis.

En concreto ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con un tono populista, quien aprovechó su presencia en el Congreso del PSOE de Andalucía este fin de semana para prometer ante los asistentes que este lunes pondría fin a este asunto con un nuevo impuesto aprobado: "Ah, y por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, hombre, claro...".

"El lunes lo llevo al Consejo de Ministros, dicho y hecho", comentó, entre aplausos de los dirigentes socialistas andaluces y la miltancia.

Según se ha podido ir adelantando en algunos medios, el Gobierno ha pensado en 2 métodos para compensar a la anterior aplicación del impuesto, que es la que ha anulado el Constitucional.

Los municipios y los contribuyentes podrán elegir entre 2 formas de tributar, pero queda claro que estará exenta de pago la venta del inmueble cuando el precio haya sido inferior al de compra, independientemente del valor catastral.

Si gana dinero con la venta, habrá 2 opciones: pagar una especie de tarifa plana sobre los beneficios o someterse a una tabla de tasas que será más comedida, y en relación a varios criterios económicos.

Este nuevo impuesto que se apruebe no será retroactivo, así que quienes hayan vendido un inmueble entre la anulación del anterior impuesto por el Constitucional y la aprobación del nuevo, estarán exentos en cualquier caso.

La sentencia

El Constitucional puso en jaque a los ayuntamientos del país porque este impuesto suponía 2.500 millones de euros anuales y, de manera intrínseca, se tomaba como una especie de IBI para financiarse cada año en los presupuestos con el cobro de dicho impuesto. De hecho, es la segunda fuente de ingresos tras el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

El Tribunal considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo, entre 1 y 5 años.

La sentencia podría afectar a más de medio millón de personas, que podrían reclamar si abonaron el impuesto en los últimos 4 años, y causar un perjuicio en las arcas consistoriales que sólo en el año 2015 recaudaron 2.677 millones de euros en concepto de plusvalías.

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