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Pedro Sánchez y Carmen Calvo
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Pedro Sánchez y Carmen Calvo (Foto: Flickr PSOE)

El plan del Gobierno contra la desinformación genera recelo en las asociaciones de prensa

jueves 05 de noviembre de 2020, 19:30h

El Boletín Oficial del Estado publica este jueves la Orden con el Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre. El Gobierno subraya que este plan contra las llamadas 'fake news' (noticias falsas) es una respuesta a la petición de la Unión Europea de implementar planes nacionales contra la desinformación, y sitúa "el derecho a la información veraz y plural como uno de los pilares que sustentan las sociedades democráticas".

Con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Unión Europea, el Gobierno defiende que las acciones y procesos recogidos en el procedimiento "ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido".

"El objetivo es evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país", señalan desde Moncloa.

Para atajar la desinformacióon se creará un equipo de trabajo formado por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil. Este equipo será el encargado de elaborar una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.

El Gobierno niega que este plan suponga "vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones, dentro del respeto a la libertad de expresión y de información, consagradas por la Constitución", y solo pretende "definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos".

Sin embargo, tanto el PP como las asociaciones de prensa desconfían de este plan y señalan que puede conllevar censura. El líder 'popular', Pablo Casado, ha denunciado que "Sánchez saca una orden para vigilar medios y perseguir lo que su gabinete considere desinformación".

"Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad; pedimos explicaciones en las Cortes y si no rectifican recurriremos a Europa", ha manifestado a través de Twitter.

Poco después, la APM ha advertido de que el plan del Gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura. "Cualquier propuesta para luchar contra la desinformación es bienvenida; sin embargo, ponemos serios reparos a las herramientas anunciadas para esa lucha porque deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos".

"El riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad. Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos. La libertad de prensa, consagrada en la Constitución española, es una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático. La APM siempre ha defendido que la mejor ley de prensa es la que no existe, es decir, que la excesiva regulación supone una merma de libertad, por lo que abogamos por la autorregulación. La legislación ya tiene establecidos los cauces adecuados para ejercer el derecho de rectificación ante los medios cuando sea necesario", reza el comunicado de la asociación de prensa madrileña.

En la misma línea, la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) insta al Gobierno a que "aclare cuanto antes las funciones y cometidos que tendrá el recién creado Comité para la lucha contra la desinformación".

"La disposición publicada en el BOE deja en el aire varios aspectos importantes que nos suscitan una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo. Ante el riesgo de que el susodicho Comité pueda entrar en valoraciones que afecten a la libertad de información, la FAPE recuerda al Gobierno que son los periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no", señalan.

La FAPE considera que la creación de este Comité solo tiene sentido si va dirigido a afrontar, en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas exteriores de desinformación que pongan en peligro los fundamentos de nuestra democracia.

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