Los sindicatos policiales SUP, JUPOL y CEP han emitido comunicados denunciando que se les impidió garantizar la seguridad durante la última etapa de La Vuelta 2025.
Según sus declaraciones, esta situación fue consecuencia de decisiones tomadas por "conveniencia política", lo que llevó a la cancelación del tramo final por las protestas propalestinas, algunas de ellas, violentas.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha señalado que "se ha atado a los policías nacionales de pies y manos". A su juicio, "en condiciones normales, la Vuelta nunca se hubiera cortado". El sindicato responsabilizó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "alimentar la protesta, debilitar la autoridad del Estado y dejar en evidencia a los compañeros que, con sacrificio y profesionalidad, sostienen el orden público en España".
Además, criticaron duramente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de mirar "hacia otro lado" frente a un dispositivo policial que calificaron de "claramente insuficiente", pese a contar con 1.100 agentes nacionales, el despliegue más numeroso en Madrid desde la cumbre de la OTAN en junio de 2022.
Falta de apoyo institucional
El SUP también expresó su malestar por lo que consideran una falta de respaldo por parte del Ministerio del Interior: "Los policías de la UIP estamos abandonados a nuestra suerte". Denunciaron que "los políticos, con sus órdenes, han comprometido nuestra seguridad en la actuación", dejando a grupos de agentes "totalmente rodeados, en una situación de riesgo intolerable". Para el sindicato, "de nuevo, se pliega la actuación de la Policía a intereses políticos, y eso pone en juego no solo la dignidad de los agentes, sino también la seguridad de todos".
En una línea similar, JUPOL lamentó "el clima de blanqueamiento y aliento que desde Instituciones del Estado y partidos políticos se ha dado a las movilizaciones en La Vuelta". En un comunicado, afirmaron que "no se puede obviar que parte de estos altercados son consecuencia directa de la irresponsabilidad de quienes, desde posiciones de representación pública, han alentado el boicot a un evento deportivo internacional, generando un caldo de cultivo que ha derivado en incidentes gravísimos".
Además, JUPOL exigió "que se depuren responsabilidades políticas" y reclamó garantías de que los agentes cuenten con los recursos necesarios para gestionar situaciones como estas. "La seguridad no puede ser rehén de intereses políticos ni de irresponsabilidades institucionales", subrayaron.
CEP exige una condena inmediata
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido una "condena inmediata y sin paliativos" hacia quienes, según ellos, "han creado el caldo de cultivo perfecto" para boicotear el final de La Vuelta. En un comunicado, el sindicato denunció que "grupos de radicales han acabado llevando la dictadura de la violencia a las calles del centro de Madrid". Criticaron además la "agresividad" de los manifestantes, que puso en peligro "a la mayoría pacífica de ciudadanos que formaban parte de La Vuelta".
El sindicato también lamentó el comportamiento de ciertos líderes políticos, a quienes acusaron de buscar "una imagen de confrontación con policías o guardias civiles que forman parte del dispositivo de protección de la prueba ciclista". En este sentido, destacaron un caso reciente en el que una dirigente de Unidas Podemos acusó a los agentes de impedir el paso de personas a determinadas zonas del recorrido en Madrid por "llevar cosas de izquierdas". Para el CEP, esto es "un nuevo ejemplo de hasta qué punto alguien puede estar obsesionada con el trabajo policial que pretende garantizar la seguridad de todos".
Si quieres recibir más temas como éste, puedes suscribirte a nuestras alertas gratuitas de noticias de Whatsapp o Telegram. También tenemos un boletín gratuito de noticias que llegarán a tu e-mail. Además, nos puedes seguir en Google News.
Si (
No(
A favor (
En contra (
