El PP pedirá revisar los "contratos millonarios" del sector de Defensa y denuncia "opacidad" del Gobierno

El Partido Popular ha denunciado la opacidad del Gobierno en la adjudicación directa de contratos millonarios del sector de Defensa.

Para exigir "luz y taquígrafos", la formación ha registrado una amplia batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados.

Estas adjudicaciones, que comprometen 34.168 millones de euros para toda una década, y para las cuales ya se han acordado préstamos por 14.283 millones, se han realizado sin Presupuestos Generales del Estado.

El PP subraya que estas decisiones ponen en riesgo la soberanía tecnológica, la seguridad jurídica y el papel estratégico de España en materia de defensa. Además, preocupa de forma especial la posición adquirida por Indra, la principal beneficiada, por el riesgo de que obtenga una situación de monopolio en el sector. El Partido Popular exige transparencia, control del gasto público y respeto a las competencias del Congreso ante unas adjudicaciones sin precedentes.

Adjudicaciones directas y falta de fiscalización

Frente a la opacidad del Gobierno en un área estratégica como la Defensa, el PP ha registrado una serie de iniciativas en el Congreso para ejercer un control parlamentario. El objetivo es exigir la máxima transparencia en relación con los contratos que se están otorgando de manera directa y que representan una inyección de dinero público nunca vista en la industria de defensa nacional.

El Gobierno está comprometiendo gasto para toda una década en un contexto inédito de falta de Presupuesto durante toda la legislatura. Aunque todavía quedan por formalizar 9 contratos de un total de 32, dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, ya se ha comprometido un gasto de 34.168 millones de euros, con préstamos acordados por 14.283 millones. Esta situación hace urgente una labor fiscalizadora profunda que, hasta el momento, no está siendo facilitada por los Ministerios de Defensa e Industria.

El PP advierte que se está comprometiendo el papel estratégico de España en el ámbito de la defensa. Por esta razón, la adjudicación de los contratos debería realizarse con la garantía de que se están encargando a empresas con capacidades reales y suficientes para su desarrollo. El Gobierno debe garantizar la disponibilidad de dichas capacidades en tiempo y forma, y aprovechar la oportunidad para impulsar la soberanía tecnológica de la industria.

A todo ello, se suma que estas adjudicaciones públicas se están llevando a cabo de manera directa y sin concurrencia competitiva. Esto hace que la máxima rendición de cuentas por parte del Gobierno y una fiscalización profunda por parte del Congreso sean ineludibles.

Indra: riesgo de posición dominante

El Partido Popular denuncia que las adjudicaciones generan dudas sobre el control del dinero público en unas cantidades nunca antes vistas, sobre todo en un momento en el que se está estudiando la adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por parte de Indra. Indra es la empresa más beneficiada de las contrataciones del Ministerio de Defensa, con una prefinanciación ya acordada de 5.959 millones de euros, el 41,7% del total de los préstamos. De esta cifra, 3.169 millones de euros son en UTE con EM&E. Estas cuantías se incrementarán una vez que se conozca el total de los 7 contratos restantes que el Gobierno pretende comprometer con Indra.

Desde el Partido Popular, la postura es firme: estarán vigilantes para garantizar que una operación mercantil, en la que el Gobierno participa a través de la SEPI y el Ministerio de Hacienda, no derive en una situación de monopolio o posición dominante en el sector. Las decisiones que

se toman de manera arbitraria, por motivaciones políticas y sin atender a criterios de concurrencia competitiva o a las necesidades de las Fuerzas Armadas, generan un escenario de inseguridad jurídica.

Iniciativas de control parlamentario

Entre las medidas parlamentarias que el PP ha registrado, se exige la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que explique los procesos de adjudicación de los 22 proyectos concedidos al grupo Escribano EM&M. También se solicita la comparecencia del ministro de Industria, Jordi Hereu, para que detalle los criterios aplicados para la concesión de 3.169 millones de euros a la UTE de Indra y EM&M. Finalmente, se exige la presencia del presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, para que explique si ha detectado movimientos especulativos y analice la subida del 23% del valor de la acción de Indra en solo 10 sesiones.

El Partido Popular también ha registrado una batería de preguntas orales y escritas. La formación quiere conocer los criterios aplicados para la concesión directa de los contratos de los programas del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, y solicita los informes preceptivos sobre la idoneidad y el interés público de los contratos que se han realizado en los distintos ministerios.

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