El Ministerio de Sanidad iniciará los trámites judiciales para presentar un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid.
La acción legal surge por la negativa del Gobierno regional a crear un registro de objetores de conciencia al aborto, tal como exige la ley del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de 2023.
El plazo legal para la presentación del registro concluyó este viernes.
"Vamos a ir a los tribunales. Es nuestra obligación como Gobierno de España que la ley se cumpla", declaró la titular del Ministerio, Mónica García, quien acusó a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de declararse "en rebelión".
García arremetió contra Ayuso en una entrevista en el Canal 24H, reprochándole su "soberbia" y su "ignorancia" respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional, la ley de 2023 y, "sobre todo, el derecho conquistado por las mujeres" a decidir libremente sobre su maternidad y su cuerpo.
La "rebelión" de Ayuso y la desprotección a los objetores
La ministra afirmó que "la señora Ayuso, al más puro estilo trumpista, ha decidido declararse en rebelión contra la ley y contra el derecho de las mujeres a abortar". García recordó a la presidenta regional que "en este país, la ley se cumple", y dijo desconocer "qué cruzada tiene montada" contra los derechos de las mujeres, ya que, "siempre se pone en el lado equivocado de la historia".
La ministra de Sanidad acusó a Ayuso de "desproteger" a los objetores de conciencia y de ponerlos "a los pies de los caballos", ya que "la única herramienta que tienen" para ejercer su derecho a objetar es, precisamente, inscribirse en un registro. Para respaldar su argumento, García citó al Tribunal Constitucional, que establece que para ejercer la objeción se debe hacer "un acto que sea activo e individual", y esto "solo se puede registrar en un registro".
El aborto como servicio público y la soledad de Madrid
García recalcó que el aborto es un servicio incluido en la cartera del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, "alguien te puede obligar (a practicarlo), aun siendo objetor de conciencia, si no lo has manifestado activa e individualmente". La ministra calificó la actitud del gobierno regional como una "desprotección" tanto a las mujeres como a los objetores. "Esto no va de señalar a nadie, va de cumplir la ley y de garantizar el derecho a abortar en la sanidad pública", sentenció.
Respecto a los argumentos del Gobierno autonómico sobre el "señalamiento" de los profesionales, la ministra recordó que el registro "es un listado anónimo" y no público. La ministra cargó de nuevo contra Ayuso al mencionar que Baleares y Aragón han solicitado más tiempo para poder presentar el registro. García afirmó que la presidenta madrileña "se ha quedado sola" en su "bloqueo reaccionario", su "cruzada contra las mujeres" y su "insumisión" contra la ley y la democracia.
Para finalizar, la ministra recordó a Ayuso que la "libertad" -una palabra que la presidenta madrileña defiende con frecuencia- "se basa en unas herramientas", que son "las leyes elegidas democráticamente para vivir en convivencia". Por esta razón, insistió, la postura del gobierno regional constituye una "rebeldía".
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